La Corte Constitucional puso en marcha este martes 13 de enero el control jurídico del estado de emergencia económica y social declarado por el Gobierno nacional a finales de 2025, una revisión que será determinante para establecer si el Ejecutivo respetó los límites que impone la Constitución al uso de poderes excepcionales.
Panorama general: Con la reanudación de actividades tras la vacancia judicial, la Sala Plena del alto tribunal efectuó el reparto de los decretos legislativos expedidos durante la emergencia. La norma central de ese paquete, el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual se declaró la emergencia en todo el territorio nacional, quedó asignada al magistrado Carlos Camargo Assis, quien asumirá la ponencia del caso.
De manera paralela, la Corte también comenzó el estudio de los decretos que desarrollan esa declaratoria. El Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que introduce medidas tributarias para atender los gastos derivados de la situación excepcional, fue repartido al magistrado Juan Carlos Cortés González.
El análisis que adelantará el tribunal constitucional será clave para definir si el Gobierno cumplió con los requisitos formales y materiales exigidos para acudir a un estado de emergencia, así como para verificar si las decisiones adoptadas guardan relación directa con la crisis invocada y respetan los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.
Corte revisa legalidad de la emergencia económica y de los decretos tributarios
Por qué es importante: La revisión adquiere especial importancia por el componente fiscal incluido en uno de los decretos. Sectores empresariales y económicos han manifestado reparos frente al alcance de las medidas tributarias, al considerar que podrían invadir competencias que, en circunstancias ordinarias, corresponden al Congreso de la República. En ese contexto, el Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte la suspensión provisional de los decretos mientras se adelanta el examen de fondo.
En su solicitud, el gremio advirtió sobre el riesgo de que el estado de emergencia sea utilizado para desplazar al Legislativo en la creación de impuestos, una preocupación que reaviva el debate sobre el equilibrio de poderes y el control a las facultades extraordinarias del Ejecutivo.
El magistrado Carlos Camargo tendrá ahora la responsabilidad de evaluar si la declaratoria de emergencia estuvo debidamente justificada y si las circunstancias descritas por el Gobierno realmente ameritaban acudir a este mecanismo excepcional. Por su parte, el estudio del decreto tributario exigirá un escrutinio detallado sobre la relación entre las medidas fiscales y la situación de emergencia alegada.
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