La expulsión de un grupo de 50 migrantes venezolanos se hizo efectiva en 2019, después de que la Policía los detuviera tras acusarlos de cometer supuestos actos vandálicos en manifestaciones contra el Gobierno.
Por: Redacción 360 Radio
Las autoridades informaron que la detención se hacía bajo la figura de “traslado por protección” y ellos fueron llevados al aeropuerto de Catam en Bogotá, con destino Inírida (Guainía) y dejados a su suerte en el río Orinoco.
La Corte Suprema explicó que la detención de los ciudadanos venezolanos “fue arbitraria… se desconoció la prohibición de expulsión colectiva de migrantes” y lo hecho por las autoridades fue “desproporcionado”.
“Procede amparar el derecho al debido proceso y el principio de dignidad humana y en consecuencia dejar sin efectos los actos administrativos de expulsión del territorio colombiano, y ordenar rehacer tal actuación sancionatoria”, afirmó la Corte.
El tribula le ordenó a Migración Colombia revisar el caso de los ciudadanos venezolanos y “en caso de determinar la ausencia de razones o motivación que justifique la sanción de expulsión, deberán ofrecer excusas públicas por el trato otorgado y el exceso en sus actuaciones”.
La Corte en su decisión también ordenó a esas entidades abstenerse de hacer “traslados por protección, ante la evidencia sobre el uso abusivo”.
También compulsaron copias a la Fiscalía y Procuraduría, para iniciar investigaciones por las irregularidades que Migración y la Policía pudieron incurrir después de detener y expulsar a los 50 ciudadanos venezolanos.
“Es preciso indicar que, tanto en los traslados por protección como en la detención con fines de proceso migratorio, se configura una especial relación de sujeción entre el extranjero y el Estado y, por ellos, ante la restricción de la libertad, es necesario que las autoridades garanticen todos los derechos del aprehendido en virtud de la posición de garante de tales”, dice uno de los apartes.
La Corte afirmó que la Unidad Administrativa Especial de Migración debe actualizar, publicar y divulgar un manual o instructivo de los derechos y deberes de los migrantes venezolanos en el territorio nacional, incluido los procedimientos y requisitos del acto administrativo, que respete el debido proceso.