La penosa decisión de la Corte Constitucional que favorece a los bandidos

El alto tribunal sigue demostrando con creces que está desconectado de la realidad nacional y del diario vivir de los colombianos. Con la decisión de tumbar la norma que servía para enviar a prisión a reincidentes, lo único que generará será más impunidad, injusticia y por ende, más inseguridad en las calles.


EDITORIAL

Cuando se cree que se ha visto todo en el acontecer colombiano, que las injusticias no pueden ser más profundas y que los derechos básicos de los ciudadanos no están garantizados como debería ser, la Corte Constitucional llega y le da otra estocada a los esfuerzos que hacen las diferentes autoridades para combatir la delincuencia en las calles del país.

Parece que caminar tranquilo por las calles y sin temor a poner en riesgo nuestras pertenencias o nuestra integridad física es una utopía, pero lo que no deja de causar malestar e indignación es que quienes sean responsables de estos actos criminales gocen de libertad e impunidad. 

Si hay algo claro es que hoy la justicia está del lado de la delincuencia y de la cantidad de ilegales que circulan por las calles de Colombia. Primero, la ciudadanía está indefensa; el porte de armas a ciudadanos que solo buscan defenderse no es permitido, pero cuando un criminal tiene una de estas, resulta que es un delito excarcelable y prácticamente les terminan dando una especie de licencia para que sigan delinquiendo.

Segundo, la policía no puede reaccionar ante cualquier delito cometido a la luz del día porque la persona no fue detenida en flagrancia, hubo mal procedimiento en la captura o porque los uniformados tienen que dejarse herir o matar para que no haya un caso de abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza, etc.

Tercero, los ladrones tienen una cantidad de vericuetos jurídicos incomprensibles para durar en prisión menos de 24 horas y como si fuera poco, la Corte resultó tumbando una parte esencial de una norma que había sido promovida por la Fiscalía como fórmula para combatir la reincidencia de delincuentes y conseguir que esas personas terminaran en la cárcel.

En cualquier lugar del mundo, en cualquier país decente y medianamente civilizado, el pasado judicial de una persona sí importa, pero en este país no porque la Corte dijo de manera muy miserable “que no se puede juzgar a alguien por su pasado”.

La ponencia del magistrado Alberto Rojas, en donde se abordaron distintos artículos del Código de Procedimiento Penal, solamente deja en peor lugar a los ciudadanos del país, más expuestos a los sicarios, a los ladrones y a todos los bandidos que andan sueltos.

Hoy Colombia es un país más inseguro gracias a esta decisión y es lamentable que el trabajo del Congreso y de la Fiscalía valga poco o nada por la medida de la Corte Constitucional, de manera que es altamente cuestionable esta acción de la Corte.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, hizo un llamado para que la Corte module su fallo, pero lo cierto es que esta decisión tiene preocupado a los demás alcaldes del país, ya que prácticamente están con los brazos atados ante los alarmantes crecimientos de delincuencia.

Hoy es tácitamente una irresponsabilidad pedirle a uno de estos que dé resultados en materia de seguridad porque ni ellos, ni las autoridades cuentan con herramientas las necesarias, por lo que la situación para los secretarios de Seguridad o de Gobierno en cada territorio se hace insostenible.

A esto hay que sumarle la crisis carcelaria que hay en todo el país, la carencia de construcción de cárceles y la falta de denuncia ciudadana (aunque con qué cara alguien va a ir a denunciar si hoy la justicia está del lado del criminal).

El presidente Duque tendrá que entender en algún momento y seguro lo entiende, que la reforma a la justicia es necesaria. Que su ministra, Margarita Cabello, quien lleva 6 meses completamente en silencio, tiene que adelantar una cruzada para sacar esto adelante, porque si seguimos como vamos, con completa honestidad, solo veremos resultados negativos.

Es inexplicable e inhumano que magistrados que se pavonean en camionetas blindadas con escoltas, en clase ejecutiva, con las mieles del poder y con astronómicos salarios, tomen decisiones tan desconectadas de la realidad y tan divorciadas del diario vivir de los colombianos que luchan por sacar a sus familias adelante.

Lamentamos desde este medio que la justicia en Colombia siga funcionando en su totalidad como protectora de los criminales que azotan el diario vivir de los colombianos, en especial porque son incontables las vidas humanas que se han perdido por robarles un simple celular.

La determinación de la Corte es indignante desde todo punto de vista y solo la celebran quienes viven de la criminalidad. hay peor manera de comenzar el año que con esa decisión que hoy genera todo tipo de controversias.