La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema fue quien decidió concederle la libertad provisional al gobernador Aníbal Gaviria.
Por: Redacción 360 Radio
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le concedió la libertad condicional al – hasta ahora suspendido – gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien está siendo investigado por presuntas irregularidades en la contratación de las obras de la troncal de La Paz, cuando fue gobernador del departamento por primera vez entre los años 2004 y 2007.
Esta decisión se tomó porque la ley permite que se le conceda la libertad al investigado una vez se cumplan seis meses desde que haya sido oficial la acusación en su contra, y siempre y cuando no haya tenido lugar un juicio formal.
Dicho plazo, según la Sala, empezó a contar desde el 25 de marzo de este año cuando la Fiscalía ratificó las acusaciones en contra de Gaviria y ordenó nuevamente que fuera capturado.
«Así, al haber transcurrido al día de hoy más de los seis meses que establece el numeral quinto del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 sin que se haya podido celebrar la audiencia pública por vicisitudes propias de la dinámica procesal, ajenas a maniobras dilatorias de la defensa o del procesado, y menos a incuria de la Sala Especial, se impone oficiosamente reconocer la procedencia de la causal liberatoria en favor de Gaviria Correa a partir del 27 de septiembre», señala el documento.
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Cabe mencionar que las autoridades dictaron una medida de aseguramiento para el mandatario antioqueño el 5 de junio de 2020, el 16 de octubre de ese año el Tribunal Superior de Medellín le concedió la libertad al aceptar un recurso de habeas corpus y, como lo mencionamos con anterioridad, el 25 de marzo la Fiscalía ordenó su recaptura.
Específicamente al gobernador Aníbal Gaviria se le reprocha la celebración del contrato de la troncal de La Paz, que se negoció inicialmente en $ 41.663’432.778, y tuvo dos adiciones de $3.995’000.000 y $ 16.334’778.700; además a esto se le suma la ampliación del plazo en 22 meses.
En este contrato se pagaron 3 anticipos a una cuenta bancaria que no estaba registrada a nombre de la firma de interventoría. Por lo que la Fiscalía acusa a Gaviria por la suscripción del contrato, la celebración de las dos adiciones y la falta de seguimiento al proceso.