El sector edificador y miles de hogares en Colombia atraviesan una encrucijada crítica tras doce trimestres consecutivos de contracción económica en la actividad de la construcción. En este escenario, la concejal de Bogotá Sandra Forero ha enviado una comunicación formal al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, con fecha del pasado 28 de agosto, para urgir al Gobierno nacional a rediseñar de manera integral la política habitacional del país y rescatar a los compradores atrapados en la parálisis institucional.
El eje central de la propuesta radica en la atención preferencial y urgente a más de 45.000 familias que, aunque se encontraban debidamente habilitadas para recibir los beneficios del programa Mi Casa Ya, sufrieron el impacto directo de la suspensión de la iniciativa durante el Gobierno Petro. La carta advierte sobre el peligro inminente de que miles de hogares próximos a adquirir su Vivienda de Interés Social (VIS) desistan del proceso debido a las barreras financieras para completar la cuota inicial y concretar el cierre de sus créditos hipotecarios.
Panorama general: Para superar el bache, la hoja de ruta plantea transformar Mi Casa Ya en un esquema más progresivo, focalizado y eficiente, priorizando a las poblaciones con mayores dificultades económicas. La estrategia contempla articular los subsidios de las cajas de compensación familiar con coberturas a las tasas de interés y potenciar el ahorro previo a través de los instrumentos del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
Asimismo, la propuesta aborda las barreras que enfrentan los trabajadores informales y los hogares de menores ingresos al momento de solicitar financiación bancaria. Mediante garantías respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías, se busca mitigar los estrictos requisitos de solvencia tradicionalmente exigidos por la banca comercial. Como alternativa complementaria para quienes aún no disponen del capital inicial, se sugiere impulsar programas de arriendo social que funcionen como un escalón hacia la propiedad definitiva.
Estas medidas se alinean con ambiciosas metas macroeconómicas orientadas a consolidar un millón de nuevos propietarios en el país, dinamizar la economía mediante la generación de 1,2 millones de empleos directos e indirectos en la cadena de la construcción, y responder a las urgencias de reconstrucción habitacional ocasionadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.
Mi Casa Ya bajo la lupa: piden atención prioritaria para hogares en riesgo de perder el cierre financiero
Más allá del rescate a la demanda, la iniciativa interviene el lado de la oferta mediante incentivos urbanísticos, tributarios y normativos diseñados para reactivar la construcción de vivienda de interés social y prioritario, proyectos de renovación urbana, iniciativas de arrendamiento institucional y desarrollos bajo estrictos criterios de sostenibilidad ambiental.
Para destrabar los proyectos estancados, Forero propuso una profunda reingeniería que simplifique, digitalice y agilice los trámites de licencias y urbanismo, permitiendo la interoperabilidad digital entre las entidades del Estado. Esto requiere, a su vez, una sólida articulación entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales, complementada por un Plan Nacional de Equipamientos financiado mediante mecanismos como obras por impuestos y una estrategia de urbanismo seguro en las ciudades.
En materia de ordenamiento territorial, la carta exige robustecer la asistencia técnica a los municipios que carecen de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) actualizados, facilitando cartografía especializada y coordinando la labor de las corporaciones autónomas regionales para agilizar la habilitación de suelo urbanizable con servicios públicos garantizados.
Por qué es importante: El plan contempla atender el déficit habitacional cualitativo en zonas consolidadas mediante la ampliación de programas de mejoramiento de vivienda. Para ello, se estructuraría una línea específica de microcréditos con el respaldo de la banca de segundo piso y el Fondo Nacional de Garantías, exigiendo de nuevo la obligatoriedad de las licencias de construcción para certificar el cumplimiento técnico y salvaguardar la vida de los ocupantes.
En el ámbito rural, la propuesta incorpora subsidios para vivienda nueva, líneas de microcrédito adaptadas a las realidades del campo con tasas de interés social, titulación masiva de predios y una articulación multisectorial para atender tanto los rezagos históricos del agro como los daños estructurales dejados por la reciente emergencia sísmica.
