Por: David Suárez Tamayo
Año 2017, amargo y preocupante para la administración de justicia en Colombia. Y ello por cuenta del escándalo desatado por la captura del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y las explosivas declaraciones del senador Musa Besaile, que terminaron involucrando a tres exmagistrados y un magistrado actual de la Corte Suprema de Justicia, al señalarlos como responsables de la negociación de sentencias y otras decisiones de la Sala Penal a favor de algunos congresistas y otros ilustres personajes de la vida política colombiana.
De inmediato, el país entero se indignó, y surgieron todo tipo de pronunciamientos que anunciaban con delirio el apocalipsis y el fin de los tiempos. Desde los que pedían que todos los magistrados debían renunciar, hasta los que proponían urgente un referendo o una Constituyente para depurar y reformar la justicia. Pero se necesita es reposo. En tiempos de turbulencia no hacer mudanza.
Estos episodios que sin duda alguna, son de una gravedad descomunal, y los cuales hay que rechazar, condenar y repudiar con toda la energía y contundencia posible, no son aislados, ni comprometen obviamente a todos los actores de la administración de justicia en Colombia. No todas las cortes, tribunales, magistrados y jueces son corruptos. Los hay decentes, transparentes, honestos. Así como hay muchos idóneos y también muchos ineptos y morosos; lo cual sucede en todas las profesiones y oficios.
Pero debe advertirse que los problemas de la administración de justicia no se pueden reducir a lo que sucede en las altas Cortes. Si bien es lo que más llama la atención de los medios de comunicación y de un sector de la opinión pública, nuestra justicia adolece de otros males crónicos y estructurales que afectan a toda la sociedad.
En efecto, los males de la justicia son: dificultad de acceso para personas de escasos recursos, precariedad en zona rural y en municipios de quinta y sexta categoría (que son más de 900), congestión, morosidad, impunidad en lo penal, presupuesto insuficiente, carencias tecnológicas, deficiente infraestructura física y logística (sedes, oficinas, muebles, equipos informática, salas de audiencia), multiplicidad de normas, procedimientos engorrosos, litigantes indelicados.
Y todo ello se agrava si se tiene en cuenta que somos un país bastante conflictivo, violento, litigioso, pendenciero y violador de derechos. Hay entonces que tratar de reducir esa cultura litigiosa, lo cual se logra con mucha educación, cultura, pedagogía, y con un estado, sociedad y ciudadanos que sean más respetuosos de la civilidad, convivencia y derechos. Es decir, es un tema que involucra elementos físicos, normativos y culturales; siendo los últimos los más relevantes.
Pero ese cambio cultural nos tomará décadas, y por ello, mientras tanto, se hace necesario hacer algunos ajustes normativos en algunas materias: unificar códigos de procedimiento, reducir términos procesales, fortalecer la oralidad, publicidad de las sesiones de tribunales y altas cortes, mejor formación de jueces y magistrados, sistematización de todos los despachos judiciales, consulta en línea de los procesos, implementar telejusticia para ciertas diligencias y actuaciones, cambiar el sistema de elección, requisitos, período, régimen de inhabilidades, incompatibilidades, investigación y juzgamiento de magistrados de altas cortes, elevar la exigencia y calidad en la formación de los abogados, prohibir a jueces y magistrados dar entrevistas, reportajes. No más justicia espectáculo. Que jueces y magistrados hablen a través de sus providencias y no en micrófonos y cámaras.
Gobierno, congreso, altas cortes y facultades de derecho, tienen la palabra.