¿Crisis? ¿Reformismo? ¿Más de lo mismo?

Foto: Cortesía

Este contenido hace parte de 360 Revista en su cuarta edición, la cual se distribuyó en las principales ciudades del país.


Reformar la justicia se convirtió en una obsesión de todos gobiernos en los últimos 45 años. López Michelsen (1974-1978) y Turbay Ayala (1978-1982) lo contemplaron en reformas constitucionales fallidas, al ser declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, por vicios de forma-trámite. Betancur (1982-1986), no logró que el tema avanzara en el Congreso

Barco (1986-1990) lo intentó en 1988, con el  Acuerdo de la Casa de Nariño, que convocaba al pueblo para una reforma constitucional, pero esa vez fue el Consejo de Estado quien lo impidió.

Gaviria (1990), a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ha sido el único que triunfó al incorporar en la Constitución de 1991 las reformas más relevantes e impactantes en la administración de justicia: Corte Constitucional, Acción de Tutela, Acciones de Grupo y Populares, Acciones de Cumplimiento, Habeas Data, y dos instituciones que no han  tenido un saldo favorable: Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura.

Uribe Vélez (2002-2010), conformó la famosa Comisión Bonivento, quien hizo un diagnóstico, presentó reformas integrales y estructurales, pero se quedó en propuestas.

Santos (2010-2018), logró que el Congreso aprobara en 2012 una reforma, pero fueron tantos los “micos” e intercambio de favores que se hicieron en los últimos debates, que ante las críticas de la academia, ciudadanía y medios de comunicación,  Santos prefirió objetarla e incluso acudió a citar a extras para ello. Luego la reforma de 2015 se la tumbó a la Corte Constitucional.

Duque, en sus primeros  meses de gobierno intentó tramitar tres proyectos de actos legislativos (017, 021, 022), los cuales fracasaron estruendosamente en el Congreso.

Lo primero que deberíamos preguntarnos, es si la justicia realmente está en crisis, o si la crisis de la justicia es algo de siempre, permanente, regular, propio de la esencia del derecho y de la sociedad colombiana. La justicia como el derecho no son fenómenos estáticos, no son asuntos de certezas, son ante todo, conceptos cargados de perplejidades, incertidumbres, son dinámicos, y siempre tendrán que convivir con tensiones, paradojas, dicotomías.

En lo personal he sentido una verdadera crisis de la justicia en muchos momentos de mi vida: 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando presencié la toma y retoma sangrientas del palacio de justicia, 18 de octubre de 1989, cuando no llegó a dictarnos la clase de procesal penal el magistrado Héctor Jiménez pues fue asesinado por la mafia al salir de su casa rumbo a la Universidad de Antioquia, o cuando igualmente la mafia le quitó la vida  a los magistrados Álvaro Medina, Gustavo Zuluaga, Mariela Espinosa, o cuando el 30 de abril de 1984 asesinaron al Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

El gran error de los intentos de reforma a la justicia, ha sido creer que los grandes problemas de la justicia son las altas cortes, el régimen de los magistrados, su forma de elección, periodo, funciones, inhabilidades, incompatibilidades. O confundir crisis de la justicia, con temas exclusivamente penales (cárceles, impunidad, tipificación de delitos, aumento de penas).

Los verdaderos problemas de la justicia son otros: dificultades de acceso a la justicia de los más pobres, congestión, morosidad, lentitud, calidad, falta de presupuesto, poco e indebido uso de tecnologías. Pero ante todo, que la  justicia debe lograr equidad, convivencia, civilidad, reducción del conflicto.

Los últimos proyectos han sido concebidos más para resolver problemas de las élites de la justicia, altas cortes, litigios de grandes firmas de abogados, conflictos con multinacionales e inversionistas extranjeros; pero no para resolver los problemas y las necesidades de la gente.

Es más, podemos pensar en la mejor reforma de la justicia, pero la misma fracasará, mientras los colombianos no resolvamos otros fenómenos como el conflicto armado, violencia, el ser una sociedad conflictiva y litigiosa, corrupción, ineficiencia administrativa, violación de derechos humanos por parte del mismo estado, inequidad,  desigualdad, pobreza, narcotráfico.

Por ahora dejo algunas premisas para el futuro: no hacerlo a través de referendos, ni asambleas constituyentes. Reducir primero la hiperinflación, lujuria normativa y jurisprudencial que padecemos.  Racionalizar, reducir, simplificar, unificar procesos y procedimientos. Eliminar la justicia show, justicia espectáculo, justicia ante cámaras y micrófonos. Escuchar a los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, litigantes, profesores de derecho, estudiantes de derecho. Revisar los requisitos para abrir escuelas de derecho, la manera cómo se forma a  los abogados, y requisitos para el ejercicio de la profesión de abogado. Fortalecer presupuesto y uso de tecnologías y medios electrónicos en la rama judicial. No todo tema y conflicto tiene que llegar a los despachos judiciales. Pensar en más funciones para: notarías, cámaras de comercio,  superintendencias, inspecciones de policía, comisarías de familia; pero eso sí con procedimientos claros, garantistas (debido proceso, derecho de defensa, presunción de inocencia, legalidad, tipicidad, culpabilidad).