Por: María Fernanda Cabal
La inversión revolucionaria jamás va a aceptar culpas ni delitos, aunque éstos siempre crucen el límite de lo evidente.
La multitud de argucias para solapar la barbarie, estarán respaldadas por el tribunal creado para ese propósito. Sin ningún pudor.
Nos cansamos de advertirlo desde la legislatura pasada cuando nos vimos obligados por el deber de legislar -y en contravía de nuestras más caras convicciones-, a participar en la reglamentación del tribunal diseñado a la medida de las Farc; con el convencimiento de que aquel remedo de “instrumento de justicia transicional restaurativa”, debía ser limitado, pensando que así haría menos daño.
No tardaron los sucesos en saltar a la luz a través de luchas intestinas por el poder, escaramuzas presupuestales, rapiña de cargos burocráticos y todo tipo de confrontaciones que pasaron de lo interno a lo externo por su enfrentamiento con la Fiscalía y con la opinión pública; derivadas de actuaciones contrarias a la norma, desbordando las funciones propias de su actividad.
En abril de este año, una solicitud de extradición de Estados Unidos, acompañada de una acusación por narcotráfico de un juez de New York, llevó a la captura de alias Jesús Santrich. Allí se determinaba la ocurrencia de los hechos criminales entre febrero y marzo de 2017, soportada con las pruebas correspondientes.
Este hecho inesperado encendió las alarmas de las salvaguardas establecidas para los cabecillas de las Farc, que luego de años de tener el control sobre el acuerdo de La Habana, se vieron seriamente amenazados porque la no extradición pactada, no les cubría actividades de narcotráfico ni delitos cometidos con posterioridad a diciembre 1 de 2016.
Hoy la JEP hace toda clase de maromas jurídicas para establecer si febrero de 2017 es antes o después de diciembre de 2016.
De acuerdo con declaraciones públicas, queda claro que su pretensión es deslegitimar la existencia del hecho, obviar las pruebas presentadas por Estados Unidos y justificar la no extradición de Santrich, bajo el argumento de que “no hay certeza de la ocurrencia del hecho”.
Parece un chiste, pero han detenido un procedimiento que es normal para cualquier delincuente bajo la misma acusación, aún sin tener competencia para hacerlo.
Recordé entonces cuando denuncié el mico en la ponencia del gobierno, durante el fast track, por el artículo 74 (apodado “artículo Santrich”), que otorgaba la función de practicar pruebas por parte de la JEP, en los procesos de extradición.
De nada valió el ejercicio de frenar desmanes, pues igual escogieron los jueces que quisieron. Ahora la lucha contra el narcotráfico, a través de la figura de la extradición, quedará en espera.
Las Farc cambiaron el modelo de sociedad, desnaturalizando los principios del deber ser, atrapando las instituciones en su imaginario pervertido de curules sin votos, paz sin justicia y víctimas sin reparación.
¡El que quiera ver, que vea!