Por: Miguel Gómez Martínez
Cartagena entra en la lista de las zonas de nuestro país donde el Estado parece estar perdiendo la batalla contra la ilegalidad. Con su alcalde primero suspendido y ahora detenido, queda al descubierto la magnitud de la rosca de corrupción que lleva manejando la hermosa ciudad desde hace décadas.
Al mismo tiempo el alcalde de Medellín denuncia que grupos criminales han decidido asesinarlo. Hay problemas de áreas bajo control del hampa y la corrupción política en el eje cafetero en el Valle. A ello hay que sumarle el Catatumbo donde ni las fuerzas armadas se atreven a entrar o zonas del Caquetá donde regresa el secuestro y la migración por la extorsión. El boleteo es otra vez el dolor de cabeza de comerciantes en los pueblos y aún en las grandes ciudades. En Remedios y Segovia, la tétrica alianza en ex –FARC y paramilitares ligadas a la minería ilegal tiene la región paralizada. Tumaco y Buenaventura hace años que están en el desorden absoluto. No hablemos de las regiones en las que se disparó el cultivo de hoja de coca que hoy asciende a más de 180 mil hectáreas y donde el Estado perdió todo el control.
Mientras todo esto sucede el gobierno, obsesionado por su proceso de paz y dispuesto a cualquier concesión, ha desmantelado la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad que han perdido el norte y no tienen estrategias para enfrentar estos desafíos a la institucionalidad. El Ministro de Defensa que ex -guerrilleros o bandas criminales ejercen el dominio territorial. Sus declaraciones son deprimentes porque confirman la impotencia de un Estado que abandonó la prioridad de seguridad.
La idea de crear zonas por fuera del control de la legalidad es muy propia de la mafia siciliana que en Palermo y en toda Sicilia ha ejercido durante más de 150 años una “ley” que es más eficaz que cualquier otra: el miedo. Los colombianos vuelven a sentir esa situación de desprotección que es propia de quien sabe que las instituciones no tienen ni la capacidad ni la voluntad de hacer cumplir las normas.
El gobierno, embelesado por su paz, parece no entender que nada el posible sin el imperio de la ley. El post –conflicto, como ha sucedido en Centro –América se presenta en las peores condiciones posibles. Sin seguridad y sin justicia, la paz de la que tanto se habla, es un imposible.