A pocos días del inicio del paro arrocero nacional, la incertidumbre crece en distintos sectores del país. La pregunta es inevitable: ¿habrá escasez de arroz en Colombia a partir del 14 de julio de 2025? Organizaciones como Dignidad Agropecuaria Colombiana y Dignidad Arrocera Nacional han anunciado una movilización indefinida tras el reiterado incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno en marzo pasado.
La alarma se encendió el pasado fin de semana, cuando Dignidad Agropecuaria Colombiana y Dignidad Arrocera Nacional confirmaron que el próximo 14 de julio comenzará una jornada de protesta indefinida en las principales regiones productoras del cereal. La decisión, aseguran los gremios, obedece al incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno tras el paro del mes de marzo.
El paro arrocero de julio de 2025 pone en alerta sobre una posible escasez de arroz en Colombia
Una cadena en crisis: del campo al plato: El paro anunciado no solo representa un grito de auxilio por parte de los campesinos arroceros, sino que también ha puesto en evidencia las fisuras en toda la cadena de producción del grano. Los cultivadores aseguran estar en una situación límite.
“Nos están pagando entre $10.000 y $15.000 menos por cada carga. Eso representa pérdidas de hasta un millón de pesos por hectárea cultivada”, denunció Óscar Eduardo Gutiérrez, vocero de Dignidad Agropecuaria.
Estas cifras impactan con fuerza en los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca, Norte de Santander, Santander, Cesar y Valle del Cauca, donde el cultivo de arroz es el eje económico de muchas comunidades rurales.
El origen del conflicto está en la caída de precios, el alza de los costos de producción y la falta de intervención estatal para equilibrar el mercado. Desde 2024, los arroceros vienen alertando sobre una situación que, a pesar de las advertencias, ha sido ignorada por las autoridades, según sostienen los voceros gremiales.
Habrá escasez en el mercado: Aunque la protesta puede generar afectaciones logísticas y complicaciones en el transporte y abastecimiento del grano, no hay una escasez inminente. La propia ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, afirmó recientemente que los inventarios actuales son elevados y que el consumo interno se mantiene estable. “Tenemos suficiente arroz en el país y hemos logrado reducir las importaciones. A pesar de la baja en los precios para los productores, el arroz no ha escaseado en las góndolas”, señaló.
Esto indica que, en el corto plazo, no debería haber un desabastecimiento inmediato del producto. Sin embargo, si el paro se prolonga por varias semanas, las cadenas logísticas y de distribución podrían empezar a presentar disrupciones que afecten a los consumidores finales.
Más aún, si la protesta paraliza los trabajos de cosecha en curso —la más importante del año, según el Ministerio de Agricultura—, la disponibilidad futura del grano podría verse comprometida, generando aumentos de precios y tensión en el mercado minorista.
El papel del Gobierno: En respuesta al anuncio del paro, el Gobierno ha intensificado las reuniones con los gremios y otros actores del sector. Alfredo Saade, jefe de despacho de la Presidencia, lideró mesas de trabajo con la Dian, la Superintendencia de Industria y Comercio y los ministerios de Agricultura y Comercio. La intención: definir un plan de choque que permita calmar los ánimos y, sobre todo, frenar las pérdidas económicas de los campesinos.
La ministra Carvajalino también confirmó que se mantienen los apoyos a insumos agropecuarios, subsidios directos para la primera cosecha de 2025, alivios en el acceso al crédito y la realización de mesas técnicas con los viceministros de Comercio y Agricultura. “Estamos estudiando los mecanismos legales para intervenir en el mercado del arroz dentro de lo que permite la Ley de Agricultura y la Ley de Comercio”, señaló.
No obstante, para los productores, estas medidas llegan tarde. Y peor aún, no son nuevas. Según los gremios, muchas de esas acciones ya fueron prometidas durante el paro anterior, pero no se cumplieron o se aplicaron de forma marginal.
Duopolio molinero y precios intervenidos: Un punto clave en la crisis es la denuncia de que dos grandes empresas molineras controlan el mercado, imponiendo condiciones de compra desfavorables para los pequeños productores. Este “duopolio”, como lo han denominado los líderes gremiales, ha sido señalado como responsable de manipular el precio de compra del arroz verde, mientras el arroz blanco —que llega al consumidor— no ha bajado de precio en los supermercados.
Esta diferencia entre el precio que recibe el agricultor y el que paga el ciudadano común ha generado una presión adicional sobre el Gobierno, que ahora estudia la posibilidad de aplicar una regulación más estricta del mercado bajo un régimen de “libertad vigilada de precios”.
Incertidumbre en el campo y en la mesa: La movilización anunciada no solo pone de manifiesto la precariedad que viven miles de familias en el campo colombiano, sino que también siembra dudas sobre la seguridad alimentaria del país. El arroz es un alimento básico en la dieta nacional, y cualquier alteración en su disponibilidad o precio tiene efectos inmediatos en el bolsillo de los colombianos.
Si bien no se prevé escasez inmediata, el verdadero riesgo está en el mediano plazo: si el paro se extiende, si no se llega a acuerdos y si las condiciones del mercado no se corrigen, el país podría enfrentar una crisis más profunda, tanto en el campo como en los hogares urbanos.
Por ahora, el reloj avanza hacia el 14 de julio. Y mientras el Gobierno intenta desactivar la protesta, los arroceros afirman que no darán marcha atrás si no ven cambios concretos. Colombia, una vez más, enfrenta la urgencia de atender a su campo antes de que los platos empiecen a vaciarse.
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