A medida que pasan las semanas, se acerca la fecha para que la cláusula drag along pierda toda la vigencia que aún preserva. Esta cláusula se pactó durante el proceso de fusión y venta del 50 % de la compañía UNE a la multinacional Millicom.
Por lo general, los debates en materia de telecomunicaciones tendrían que contener solamente argumentos, elementos, soportes y visiones técnicas, no políticas; es el gran problema que se presenta cuando el sector público está metido en negocios en los que nunca tiene por qué estar.
Para lo que importa a EPM, a Medellín e incluso al departamento de Antioquia, vender o no vender la participación que tiene en la compañía TIGO, es muy importante porque no solo el panorama es distinto al de hace seis años con una contingencia como la de Hidroituango, con una coyuntura como la de la pandemia del covid y con todas las consecuencias que esto ha traído en materia financiera, en materia de liquidez y la necesidad que tiene EPM de encontrar más capital, más inversionistas, créditos blancos y no renunciar a un sueño de país como ha sido Hidroituango.
Si EPM no logra vender su participación en TIGO, es muy claro que el camino que le espera será bastante complejo en distintos frentes, tanto en sus negocios de energía como de telecomunicaciones; mientras que Electricaribe, aunque ya está funcionando, sigue siendo un negocio muy retador y lleno de nudos, complejidades y un panorama que demandará millonarias inversiones.
EPM tendrá que buscar hacer otro tipo de ventas en el exterior, o incluso tratar el tema tan sensible como disminuir las transferencias anuales al municipio de Medellín, lo que significa menores recursos para los programas sociales, de educación y de salud de la ciudad.
Si no se ejecuta ahora la venta de EPM, su posición ha sido mucho menor ante Millicom y sus intereses. Millicom lo tendrá como un socio muy cómodo al cual le pedirá capitalizar aún EPM teniendo grandes déficit, como ya lo mencionábamos, se tendría que enfrentar a un gran dilema, a un escenario muy negativo que solo traería perjuicios para la ciudad.
Si con los conceptos y recomendaciones de expertos como Oliver Wyman y McKinsey no son suficientes para que la ciudad entienda que es una necesidad perentoria salir de un negocio no estratégico como UNE, se entiende que el debate se torna político.
La Administración anterior, tuvo bastantes errores en cuanto al manejo de EPM y sus inversiones en el exterior, en lo relacionado al manejo de la contingencia de Hidroituango y también recibió las recomendaciones para vender la participación en TIGO, dejó pasar esos estudios y no dieron un debate que era necesario.
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De esta venta se pueden obtener entre $3 y $4.5 billones de pesos, ayudarían a destrabar la situación financiera de EPM. Así, la ciudad asumiría una pelea política con el actual alcalde Daniel Quintero, que si bien es pasajero se condenaría a futuro, algo que es preocupante porque esto es un patrimonio público; no vender ahora significa que la ciudad tendrá problemas económicos, al igual que EPM.
Entendemos perfectamente que pueda existir una distancia ideológica, política, de formas y maneras con el alcalde Quintero, es natural en todos los escenarios que involucran a la política, pero Medellín que ha tenido la altura de tomar decisiones responsables y no siempre las más populares, tendría que poner ahora por encima del alcalde y del gerente de EPM Jorge Andrés Carrilo este debate, este proyecto de acuerdo 65 de 2021 y poner las cartas sobre la mesa, mirarse a los ojos.
Si algunos concejales que han anunciado su voto por el no, creen que es necesaria la venta de esa participación, que pongan condiciones y que la Alcaldía escuche, que sea una conversación en doble vía. Si desconfían del manejo que se le den a estos recursos que se exprese, que se exponga; además, es importante que la Alcaldía y EPM aclaren a la opinión pública y al mismo Concejo el calendario de este proceso de venta, también informar cuándo entrarían los ingresos, un punto que tampoco se ha resuelto dentro del debate.
Según lo que ha conocido este medio de comunicación que se ha especializado en temas de telecomunicaciones y ha hecho seguimiento riguroso a la venta de TIGO UNE, esta empresa tendría hasta un año para responder a esa propuesta de venta, y el proceso de pago podría tardar incluso otro año y a la actual Administración le restan dos años.
Falta más confianza entre las partes, falta poner las cartas sobre la mesa y que la ciudad ponga sus ojos en este proceso dejando de lado problemas políticos, las vicisitudes que pueda tener la diferencia con esta Administración y pongan por encima el patrimonio público.