EDITORIAL
La orden de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado una serie de reflexiones que tienen como propósito reconocer los principales hechos lógicos y de conocimiento público, que seguramente son los que han minado la confianza en la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia.
Desde este medio de comunicación queremos tomar una posición absolutamente responsable, pero también coherente con los acontecimientos históricos de los últimos diez años en Colombia.
Quisiéramos citar lo que conocemos comúnmente como justicia, que se refiere a que quien comete una serie de delitos, cualquiera sin importar el que sea, debe responder ante las autoridades por las lamentables conductas, las cuales, en su mayoría, buscan el detrimento de personas u organizaciones.
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En la captura del expresidente Uribe por un proceso que el mismo inició y que nada tiene que ver por las indicaciones que le han hecho durante tantos años por ser supuestamente autor de masacres, haber apoyado el paramilitarismo, entre otra clase de delitos que no le han comprobado, encontramos una gran brecha, una diferencia absurda entre lo que ha conocido Colombia con uno de sus mayores verdugos, como lo fue la guerrilla de las FARC, quien azotó durante más de 40 años al país con bombas, secuestros, extorciones, homicidios, toma de pueblos, narcotráfico, y que hoy, después de un proceso de paz que firmó el anterior gobierno, condujo a que existiera una gran tela de impunidad para quienes cometieron los delitos, en la búsqueda de la reconciliación, la paz y unidad.
Sin embargo, no podría tener esto un peor desenlace que con la privación de la libertad, así no tenga nada que ver en términos de delitos con el expresidente que más los combatió, que más los enfrentó y que ante la opinión pública sigue siendo uno de los políticos más importantes e influyentes en la historia reciente del país. Sería una patanería querer negar esa importancia de Álvaro Uribe Vélez.
El también senador de la República, cuando recibió la noticia sobre esta decisión, confesó dolor y pena por su familia, porque él creía haberle servido bien al país. Nadie puede estar por encima de la ley en Colombia – sería un absurdo pensarlo – pero cuando nos detenemos a analizar qué clase de ley es la que hay en Colombia, es cuando caemos en un gran abismo, un abismo que nos indica que la justicia ha tomado sistemáticas decisiones donde quienes cometen los delitos, quedan libres y quienes combaten los delitos, van a la cárcel.
Lo podríamos observar desde ejemplos tan sencillos como el de un hurto que se comete día a día; el de la persona que intenta defenderse y el victimario que amenaza una vida y se lleva las pertenencias, pero si la víctima reacciona, termina convertido en victimario y el aparente ladrón, siendo la víctima. Como este, podríamos tomar otra clase de ejemplos, personas que por no firmar un documento terminan presos, pero los que se roban el dinero, lo disfrutan en libertad.
Hoy no hay un sistema judicial en Colombia al cual creerle y respetar. Si las decisiones que se han tomado en los últimos 30 años fuesen en derecho y demostraran un equilibrio e imparcialidad, seguramente hoy nadie estaría reprochando la decisión en el caso de Álvaro Uribe.
Basta con recordar episodios como Ernesto Samper, los computadores de Raúl Reyes, la parapolítica que nunca se ha investigado, la cantidad de corrupción que ha pasado ante los ojos de los magistrados y no se ha hecho nada, o haber conocido el flamante y famoso ‘Cartel de la toga’, entre otra serie de hechos que sencillamente ha minimizado la confianza de los colombianos en el sistema judicial.
Primero deberían examinarlo todo, considerarlo y tenerlo en cuenta quienes hoy, como el procurador Fernando Carrillo, piden a funcionarios públicos no ir en contravía de las decisiones que toma la justicia.
Es el momento – de una vez por todas – de avanzar hacia verdaderas reformas sustanciales de la justicia. Desde esta tribuna creemos que no es posible mediante una reforma a la Justicia, la Corte Constitucional la declararía inexequible, pues no van a aprobar algo que los reforma ellos. Es necesario avanzar en algunos temas tan olvidados en los anaqueles, como la reducción del Congreso, las Cortes y la clase de sistema político que tenemos en Colombia.
Llegó la hora de dar un salto sobre el federalismo y se requiere una nueva hoja de ruta para Colombia.
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Este tema no se pone sobre la mesa por el ‘Caso Uribe’, sino que se ha puesto desde hace mucho tiempo, pero nadie se ha atrevido a debatirlo o impulsarlo, ni siquiera la misma bancada del expresidente, el Centro Democrático, partido político que tardíamente reacciona y que nunca hizo nada en estos dos años del Gobierno Duque, ni siquiera el gobierno que ayudaron a elegir los apoya en sus ideas.
Esto no es de uribismo y antiuribismo, es simplemente que los colombianos necesitan y demandan un sistema judicial serio, competente, responsable, independiente y justo, en el que se pueda confiar, creer y respetar.
