El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión provisional del Decreto 182 del 25 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, mediante el cual se planteaba la reasignación de cerca de 6,5 millones de afiliados del sistema de salud a diferentes EPS del país.
La decisión se adoptó a través de una medida cautelar de urgencia dentro de una acción popular presentada por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez. En su solicitud, el demandante pidió la protección de intereses colectivos, particularmente los relacionados con la moralidad administrativa.
Tribunal de Antioquia frenó el decreto que reasignaba 6,5 millones de afiliados a EPS en el país
Según la determinación del tribunal, la suspensión se mantendrá vigente mientras se estudia de fondo el caso y se emite una sentencia definitiva sobre la legalidad del decreto. La corporación judicial consideró que la aplicación inmediata de la norma podría generar riesgos para los derechos colectivos, especialmente en territorios donde la reorganización del aseguramiento podría terminar concentrando la operación en un único prestador.
En el auto judicial, el magistrado ponente Daniel Montero Betancour explicó que la medida preventiva busca evitar posibles afectaciones mientras avanza el proceso. “Si no se adopta la medida previa, el riesgo se consuma, y si se concede, se preserva provisionalmente el objeto del proceso, por lo cual resulta más gravoso negar la medida que concederla”, señaló.
El decreto había generado controversia debido a su alcance. La norma proponía redistribuir millones de afiliados entre distintas Entidades Promotoras de Salud, incluidas algunas que actualmente se encuentran bajo intervención estatal. Entre ellas está Nueva EPS, que habría recibido cerca de 2,6 millones de nuevos usuarios, adicionales a los más de 11,5 millones de afiliados que ya tiene en su base.
De haberse aplicado la medida, esta EPS habría registrado un incremento cercano al 22,6 % en su número de afiliados. La entidad atraviesa una compleja situación financiera que ha sido objeto de seguimiento por parte de organismos de control. La Contraloría General de la República de Colombia ha advertido sobre una deuda que supera los $21 billones y un patrimonio que se ubica en terreno negativo.
Desde el Ministerio de Salud, sin embargo, se había defendido la iniciativa al señalar que buscaba proteger el derecho fundamental a la salud y garantizar la continuidad del aseguramiento para millones de colombianos. La cartera también sostuvo que el decreto pretendía fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del sistema.
De acuerdo con el análisis técnico presentado por la entidad, el sistema enfrenta fallas estructurales en la distribución territorial del aseguramiento, entre ellas la fragmentación excesiva de afiliados y la presencia de múltiples aseguradores en municipios con poblaciones que no permiten economías de escala.
Por ahora, la aplicación del decreto queda en suspenso mientras el tribunal analiza el caso y decide si la medida del Gobierno se ajusta o no al ordenamiento jurídico. Entretanto, el debate sobre la reorganización del sistema de salud continúa abierto.
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