El Gobierno nacional oficializó la derogatoria de la prima especial de servicios para congresistas mediante el Decreto 0030 de 2026, una norma que deja sin vigencia el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, el cual había creado este beneficio económico para los miembros del Congreso de la República.
La medida fue dada a conocer por el Departamento Administrativo de la Función Pública y representa un cambio relevante en el régimen salarial del Congreso, al eliminar un ingreso adicional que durante más de una década formó parte de la remuneración de los legisladores.
Gobierno elimina la prima especial de servicios para congresistas
El decreto fue firmado el 19 de enero de 2026 y se apoya en las facultades constitucionales del presidente de la República, así como en lo establecido por la Ley 4 de 1992, que define los lineamientos generales para fijar los salarios de los altos funcionarios del Estado. Según el Gobierno, la prima especial introducida en 2013 se justificó inicialmente como un mecanismo para equiparar los ingresos de los congresistas con los de otros altos cargos de la administración pública.
No obstante, el nuevo marco normativo advierte que este beneficio generó cuestionamientos jurídicos y técnicos, especialmente en torno a la naturaleza de las prestaciones sociales y al principio de proporcionalidad que debe regir la asignación de ingresos en el sector público. El Ejecutivo recordó que la Constitución establece que la remuneración de los congresistas debe definirse con criterios objetivos y transparentes, ajustados a la evolución del salario en la administración central.
Uno de los argumentos centrales para la derogatoria fue la discusión sobre si la prima constituía un componente salarial permanente o un beneficio excepcional. De acuerdo con el Gobierno, su aplicación terminó difuminando la línea entre salario, primas y prestaciones, lo que dio lugar a interpretaciones administrativas y debates legales recurrentes.
Con la entrada en vigencia del Decreto 0030 de 2026, la prima especial de servicios para congresistas deja de reconocerse. El texto aclara que la decisión no tiene efectos retroactivos, por lo que los pagos realizados bajo la normativa anterior no deberán ser reintegrados.
La decisión ha reactivado el debate público sobre los salarios de los congresistas y la necesidad de revisar de manera integral la remuneración de los altos funcionarios del Estado. Para algunos analistas, la eliminación de este beneficio puede interpretarse como una señal de austeridad y transparencia, en medio del creciente control ciudadano sobre el gasto público.
Finalmente, la Función Pública indicó que la derogatoria busca armonizar el marco normativo con los principios constitucionales y reiteró que cualquier ajuste futuro al régimen salarial deberá ceñirse estrictamente a la ley marco y a las decisiones que adopten el Congreso y el Gobierno nacional.
