El Decreto 0572 podría ser, sin exagerar, una de las decisiones más irresponsables, inescrupulosas y financieramente atroces adoptadas en la política colombiana en los últimos 10 o 15 años. No solo por su impacto, sino por la señal inequívoca de improvisación y desconocimiento de cómo se administran las finanzas públicas. Este gobierno, al encontrarse con un presupuesto sin precedentes, demostró no estar a la altura del reto. El Estado les quedó grande.
Lo que resulta aún más preocupante es la forma en la que han decidido enfrentar la falta de caja: estrangulando al tejido empresarial colombiano. En un país cuya economía es sostenida en gran parte por micro, pequeñas y medianas empresas —es decir, compañías con entre 1 y 50 empleados—, el gobierno opta por incrementar la autorretención en la fuente, como si no fuera suficiente la asfixia que ya enfrentan. Es un golpe directo a las empresas que aún luchan por mantenerse a flote, buscando sacarles hasta el último centavo disponible.
La analogía es simple y aterradora: es como una familia que pide prestado para pagar otra deuda, y luego otro crédito para tapar la anterior. Puede que hoy haya comida, pero el futuro será negro, lúgubre y financieramente catastrófico. Esa es la realidad que el gobierno parece no comprender. Porque al cargar a las empresas, está debilitando la principal fuente de empleo. Y sin empleo, no hay ingresos. Sin ingresos, no hay consumo. Y sin consumo, no hay recaudo para el Estado. El círculo vicioso está en marcha.
Subir la autorretención en la fuente no es una solución estructural, es una medida desesperada. La verdadera salida estaba, y sigue estando, en una reducción seria del gasto público. ¿Por qué no se han eliminado ministerios como el de Igualdad, Equidad o Ciencia? ¿Por qué se han contratado más de 700 mil personas bajo órdenes de prestación de servicios? ¿Por qué se siguen abriendo embajadas y consulados innecesarios?
Este no es un problema exclusivo del actual gobierno. Es cierto que las administraciones pasadas también cometieron errores. Pero lo grave es que el gobierno de turno, en lugar de corregir, ha profundizado el hueco fiscal. Y ahora pretende que sean las empresas, las pocas que aún subsisten, las que paguen por sus equivocaciones. A partir del 1 de julio, esas empresas deberán asumir una carga tributaria más pesada para cubrir un déficit que no crearon.
Lo más grave es que esta medida se adopta vía decreto, sin pasar por el Congreso, ignorando abiertamente el marco constitucional. Es, en esencia, una forma de burlar la ley para imponer una política fiscal improvisada, injusta y peligrosa.
Más aún, se trata de un acto regresivo: se está cobrando sobre ingresos no realizados. Incluso si una empresa no vende ni un peso, igual deberá pagar. Tarifas como el 4,5% en sectores estratégicos como gas, oro y energía eléctrica son impresentables en la coyuntura actual. Agua, residuos y construcción enfrentan un 3,5%. Agricultura y transporte pasan del 0,5% al 1,2%.
El efecto será devastador: menos liquidez, aumento de costos, presión sobre la inflación y, por supuesto, más desempleo. Las pequeñas y medianas empresas serán las principales víctimas. Y lo más desconcertante: el país todavía no sabe en qué se va a gastar ese dinero.
Todo esto porque al gobierno no le aprobaron la reforma tributaria en el Congreso. Y en lugar de acatar el orden institucional, optaron por imponer su voluntad por decreto. Lo que no consiguieron con argumentos, lo están forzando con imposición. Una jugada peligrosa que hipoteca el futuro del país por tapar el hueco que ellos mismos cavaron.
