En una decisión con fuertes implicaciones políticas y jurídicas, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0639 de 2025, «por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones». Esta medida cautelar fue adoptada mientras se estudia una demanda de nulidad que cuestiona la legalidad del decreto expedido por el Gobierno nacional.
La información fue confirmada oficialmente a través de los canales institucionales del alto tribunal, donde se aclara que la suspensión tiene carácter preventivo y se mantendrá hasta que la corporación emita un fallo de fondo sobre el caso.
“El Consejo de Estado actúa como garante del orden constitucional y legal. La suspensión del Decreto 0639 responde a la necesidad de evitar posibles perjuicios mientras se analiza la legalidad del mismo”, se señala en el comunicado institucional.
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— Consejo de Estado (@consejodeestado) June 18, 2025
La decisión fue adoptada tras concluir que el decreto constituye un acto de contenido electoral emitido por una autoridad del orden nacional, al desarrollar un mecanismo de participación ciudadana como la consulta popular.
Bajo ese argumento, la Sección Quinta se declaró competente para conocer del caso, conforme al artículo 149.1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y al Acuerdo 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
Consejo de Estado suspende consulta popular: implicaciones del Decreto 0639 de 2025
El Decreto 0639, ahora suspendido, autorizaba la convocatoria de una consulta popular nacional, con la cual el Ejecutivo buscaba someter a consideración del pueblo colombiano una serie de preguntas relacionadas con reformas estratégicas en salud, trabajo, pensiones, servicios públicos y otros temas de interés nacional.
Con la medida cautelar adoptada, se congelan todas las actuaciones relacionadas con la ejecución del decreto, incluyendo la organización logística por parte de la Registraduría Nacional, la divulgación pedagógica institucional y las campañas de socialización del mecanismo de participación.
Esta suspensión representa un freno significativo para la estrategia del Gobierno, que había apostado por la consulta como una vía de legitimación directa ante los obstáculos legislativos que enfrentan sus reformas estructurales en el Congreso.
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