No se debe aprobar ni respaldar la moción de censura contra el ministro Pedro Sánchez por los recientes bombardeos en los que han caído personas menores de edad. Más allá de la indignación legítima que generan estos hechos, es indispensable recordar que los asuntos de seguridad nacional no pueden someterse a impulsos coyunturales ni a cálculos políticos. Incluso si el Gobierno actual, encabezado por Gustavo Petro, ha demostrado una profunda incoherencia entre sus discursos y sus acciones, la responsabilidad del Estado exige una lectura más amplia y menos pasional.
A Petro se le ha criticado con razón por el fortalecimiento de estructuras criminales en Colombia: reclutamiento de menores, extorsión, desplazamiento, terrorismo, secuestro y homicidio. Pero no puede ser que, cuando las Fuerzas Armadas actúan con contundencia no solo en tareas de prevención, sino también de ataque y defensa, nos encontremos listos para fustigarlas por adelantar operaciones orientadas precisamente a proteger a la población.
Si alguien es culpable del reclutamiento de menores en Colombia son los grupos terroristas y criminales que operan en el país. Todos, sin excepción. En su momento, personajes como Iván Cepeda llegaron a afirmar que las FARC nunca habían reclutado menores, pero era una mentira evidente. La única verdad es que todos los grupos criminales han recurrido a este delito: unos los utilizan como escudos humanos, evitando ser atacados por la Fuerza Pública; otros los mantienen en cautiverio; y en no pocos casos hay menores que ingresan voluntariamente a estas estructuras.
Cuando menores de edad hacen parte activa de la guerra, cuando se encuentran dentro de las filas de organizaciones terroristas, pierden cualquier condición que se quiera invocar para excluirlos del escenario bélico y terminan convirtiéndose en objetivos válidos dentro del combate. Aunque el Estado debe mantenerse siempre por encima del accionar terrorista y diferenciarse de él, tampoco puede descuidarse ni permitir que sus soldados, policías o la población civil queden expuestos a los ataques de estas estructuras. Basta recordar que venimos del entierro de un senador y precandidato presidencial ejecutado por un menor de edad.
Las realidades de Colombia están profundamente distorsionadas en las regiones más apartadas. Desde las capitales es fácil exigir o condenar sin conocer el fragor y el terror de la guerra. Por eso no compartimos la idea de apoyar una moción de censura contra el ministro Pedro Sánchez. No estamos de acuerdo en que asuntos de Estado y de seguridad nacional se conviertan en instrumentos del debate político-electoral.
La principal campaña que debe emprender la sociedad civil es la prevención del reclutamiento de menores y del enrolamiento voluntario de adolescentes y jóvenes en grupos criminales. La guerra moral, social y de valores en Colombia también se libra por su futuro, por su oportunidad de construir una vida distinta, lejos del terrorismo que les ha robado horizontes a miles de colombianos.