A la sombra de la crisis de la covid-19, el Amazonas sufre en silencio uno de sus peores momentos frente a su particular pandemia: la deforestación, que tan solo en 2020 arrasó 2,3 millones de hectáreas de selva.
Por: Redacción 360 Radio
A la sombra de la crisis de la covid-19, la Amazonía sufre en silencio uno de sus peores momentos frente a su particular pandemia: la deforestación, que tan solo en 2020 arrasó 2,3 millones de hectáreas de selva.
En Brasil, el país con mayor territorio de los nueve que comparten la cuenca amazónica, se deforestaron 1,5 millones de hectáreas, un 13 % más que en 2019, año en el que fue el epicentro de los incendios que ocuparon portadas de diarios de todo el mundo.
El año 2021 tampoco invita al optimismo, pues el pasado marzo fue el mes que más deforestación se registró en Brasil de los últimos seis años, con 367.600 hectáreas de selva, un 12,6 % más que en el mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).
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El gobierno de Brasil, ampliamente criticado por grupos ambientalistas como un administrador negligente de la selva amazónica, ha hecho una oferta audaz al gobierno de Biden: «proporcione mil millones de dólares y el gobierno del presidente Jair Bolsonaro reducirá la deforestación en 40%.»
Un reporte indica que 94 por ciento de la deforestación en la Amazonia y la región circundante de «Matopiba», que engloba parte de los estados de Maranhao, Tocantins, Piauí y Bahía, es ilegal. Esto ocurre porque incluso en los casos en que los agricultores, ganaderos y madereros tienen permiso para usar la tierra, las autoridades son incapaces de documentar cómo se aplica la legislación para su explotación legal.
En las últimas horas, varias agencias de noticias internacionales han confirmado que Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente de Brasil, está bajo la lupa de las autoridades del país ya que estaría implicado en la exportación ilegal de madera de la región amazónica a Estados Unidos y Europa. Varias ONG lo acusan también de desmontar entidades estatales que fiscalizan posibles delitos contra el medio ambiente.