La justicia volvió a conceder el beneficio de libertad condicional al empresario Emilio Tapia, condenado por hechos de corrupción, tras una decisión adoptada por la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. El fallo se conoció en las últimas horas y marca un nuevo episodio en el proceso judicial que enfrenta el contratista.
Tapia había sido recapturado el pasado 31 de octubre en Barranquilla por agentes de la Dijín de la Policía Nacional, luego de que el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ordenara su detención. La medida buscaba revocar un beneficio previo de libertad que había sido otorgado meses atrás y que generó cuestionamientos desde distintos sectores.
Es la segunda vez que la misma jueza le concede el beneficio de libertad condicional a Emilio Tapia
No obstante, la misma jueza que en abril de este año le había concedido la libertad condicional volvió a fallar a favor del empresario. En su decisión más reciente, la togada reconoció el tiempo de condena que Tapia ha cumplido hasta la fecha, el cual asciende a 90 meses y 10 días de prisión.
Con base en ese cálculo, el despacho judicial resolvió otorgarle nuevamente la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días. El fallo establece que se mantendrá la caución prendaria presentada en la decisión de abril, aunque se exige la firma de una nueva acta de compromiso, conforme a lo estipulado en el artículo 65 del Código Penal, debido a la modificación del periodo de prueba.
Este nuevo beneficio judicial se produce en medio de una investigación disciplinaria contra la jueza Fernández Castellón. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió un proceso en su contra por la libertad condicional concedida en abril, al considerar que podrían existir irregularidades en la actuación judicial.
Además, el pasado 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial compulsó copias para profundizar la investigación. Según el organismo, la jueza habría incurrido en posibles demoras u obstáculos en el proceso de recaptura de Tapia, pese a que existía una orden judicial vigente para hacer efectiva su detención.
En un pronunciamiento oficial, la Comisión señaló que fue advertida sobre presuntas irregularidades luego de que la captura no se materializara de manera inmediata, aun cuando Tapia había sido notificado en una clínica de Barranquilla días antes de su detención efectiva.
El caso vuelve a poner bajo la lupa las decisiones judiciales relacionadas con el condenado por el escándalo de corrupción de Centros Poblados, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias sobre la actuación de la funcionaria judicial y se mantiene la atención pública sobre el desarrollo del proceso.
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