Colombia ha mantenido por décadas un monopolio departamental de licores. Bajo este esquema, los gobiernos departamentales tenían la potestad exclusiva de producir o autorizar la producción de aguardiente y otros destilados, y podían restringir la comercialización de marcas foráneas en sus territorios.
Este modelo, formalizado en la Ley 1816 de 2016, permitía a los departamentos suspender permisos de introducción de licores de otras zonas hasta por seis años para proteger sus fábricas locales. En la práctica, esto significaba que en muchos departamentos solo se vendía el aguardiente local, bloqueando la entrada de productos de otras regiones.
Sin embargo, el pasado 4 de febrero, la Corte Constitucional dio un giro histórico a este régimen. En la Sentencia C-032 de 2025, el alto tribunal declaró inexequibles los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816, eliminando la potestad de los gobernadores de vetar la venta de aguardientes foráneos.
La Corte concluyó que dichas restricciones violaban principios constitucionales fundamentales: libre competencia económica y libertad de elección del consumidor
El fallo y su impacto en el mercado del aguardiente en Colombia
Con esta decisión judicial, caen las barreras regionales que fragmentaban el mercado nacional de licores. A partir del fallo, “los ciudadanos tendrán la libertad de elegir el aguardiente que deseen consumir, sin restricciones impuestas por los departamentos”. En otras palabras, cualquier marca de aguardiente –sea producida en Antioquia, Caldas, Cundinamarca u otra región– puede ser introducida, comercializada y vendida en todo el territorio colombiano.
Por ejemplo, productos antes vetados como el Aguardiente Amarillo de Manzanares (de Caldas) podrán ingresar a mercados como Antioquia o Bogotá, y a su vez el Aguardiente Antioqueño podrá venderse libremente en departamentos donde antes enfrentaba trabas.
Esta “apertura de fronteras” incrementa la competencia entre las destilerías regionales, que ahora deberán disputar consumidores incluso en la tierra de sus antiguos competidores directos.
Las implicaciones para el sector licorero son profundas. Por un lado, se trata de un triunfo para los consumidores, que verán ampliada la oferta de bebidas y potencialmente mejores precios y calidad gracias a la competencia. Por otro lado, supone un reto significativo para las industrias licoreras departamentales acostumbradas a mercados cautivos.
La Corte enfatizó que la norma derogada excedía los límites constitucionales al restringir completamente la oferta a una sola empresa por departamento, algo que “no era idóneo” ni proporcionado para proteger la producción local.
Licores en Colombia: obligación al Congreso de actualizar la normativa
El fallo de la Corte, si bien elimina las “fronteras” comerciales, no suprime la existencia del monopolio rentístico en sí mismo. De hecho, la Constitución Política (art. 336) permite a los entes territoriales explotar monopolios de licores con fines rentísticos.
La diferencia ahora es que dicho monopolio ya no podrá ejercerse mediante la exclusividad en la venta. Según aclaró la Corte, los departamentos conservan la facultad de producir o concesionar la producción de licores, pero “en cuanto a comercialización, se puede comercializar el aguardiente colombiano en todo el territorio”.
Esto coloca la carga sobre el Congreso de la República para que adecúe el marco legal a la nueva realidad. El régimen vigente provenía de una ley de 2016 y, en esencia, de una estructura centenaria (la Corte recordó que las normas tumbadas eran “herencia de la época colonial)».
La sentencia tiene efecto inmediato, por lo que los apartados inconstitucionales de la Ley 1816 quedan sin vigencia. Legisladores y expertos advierten que esto marca un punto de inflexión regulatorio: el país debe pasar de un modelo cerrado a uno abierto, garantizando que la transición no afecte negativamente las finanzas públicas departamentales ni el orden del mercado.
Se espera que el Congreso expida nuevas normas que integren aspectos como la autorización sanitaria y de introducción de licores (antes tramitadas por cada gobernación), mecanismos de control de calidad y esquemas tributarios más equitativos.
El objetivo sería construir un “régimen único” realmente funcional, como ordena la Constitución de 1991, que compatibilice la libre circulación de bienes con la capacidad de los departamentos para obtener ingresos de manera eficiente y constitucional. En suma, el Congreso enfrenta la tarea de actualizar una regulación centenaria, subsanando contradicciones y vacíos, para brindar certeza jurídica a un sector que ahora entra en una nueva era.
¿Cómo está el mercado del aguardiente en Colombia?
El mercado colombiano de aguardiente es de gran magnitud e importancia cultural y económica. Cada año, se consumen alrededor de 110 a 120 millones de botellas de aguardiente a nivel nacional, lo que equivale a un mercado estimado en $1,3 billones de pesos anuales.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (Acil), el consumo per cápita ronda los 2,2 litros de aguardiente por colombiano al año, consolidando a esta bebida como la más representativa dentro de los licores destilados nacionales.
El negocio está dominado por algunas licoreras departamentales tradicionales. La Fábrica de Licores de Antioquia –productora de Aguardiente Antioqueño– es líder histórica con una participación cercana al 50% del mercado.
Solo en 2024 vendió más de 60 millones de unidades de sus diferentes presentaciones de aguardiente, generando ingresos de aproximadamente $350.000 millones de pesos (350 mil millones) y utilidades superiores a $300.000 millones
Le siguen, como principales competidoras, la Industria Licorera de Caldas (creadora del Aguardiente Amarillo de Manzanares) con alrededor de 13 millones de botellas vendidas en 2024; la Industria de Licores del Valle (Aguardiente Blanco del Valle) con 9,8 millones; y la Empresa de Licores de Cundinamarca (Aguardiente Néctar) con algo más de 7 millones de botellas
Estas cifras ilustran la concentración del mercado: tan solo cuatro marcas departamentales suman cerca del 90% de las ventas legales de aguardiente en el país. No obstante, existían también productores más pequeños en departamentos como Boyacá, Cauca, Tolima u otros, cuyos volúmenes eran reducidos al amparo de mercados locales protegidos.
En términos de recaudo fiscal, el monopolio rentístico del aguardiente ha sido una fuente clave para los departamentos. Sumados los impuestos al consumo y las utilidades de sus licoreras, departamentos como Antioquia transfirieron más de $1,2 billones de pesos al erario público en un solo año reciente, destinados principalmente a financiar salud, educación y deporte. Cundinamarca reportó ingresos por venta de licores de $1,5 billones entre 2014 y 2023, con utilidades de $230.000 millones para su licorera
Comparativa impositiva: Whisky vs. Aguardiente
Un punto neurálgico en la discusión sobre la reforma del sector es el esquema tributario aplicado a los licores. De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, actualmente, Colombia grava por igual a un aguardiente nacional que a un whisky importado, bajo una combinación de impuesto específico por grado de alcohol y un impuesto ad-valorem sobre el precio, según lo definido en la Ley 1816 de 2016.
En otras palabras, tanto una botella de aguardiente (24°-29° de alcohol) como una de whisky (40°) pagan la misma tasa por cada grado de alcohol, más un porcentaje sobre su valor de venta. Esto busca un equilibrio entre cantidad de alcohol y precio, pero ha generado debate sobre su equidad y eficacia.
Los productores locales argumentan que, en la práctica, la carga impositiva recae proporcionalmente más sobre los licores nacionales económicos que sobre los importados caros. Los gobernadores advirtieron en 2019 que unificar totalmente el impuesto solo por grados alcoholimétricos (eliminando el componente sobre el precio) habría significado que aguardientes y rones nacionales –de menor precio– pagaran más impuestos, mientras whiskies, vodkas o tequilas importados –de mayor precio– pagarían menos, rompiendo la equidad tributaria
Por eso, se mantuvo el modelo mixto vigente, que establece un cobro por grado alcohólico y otro por valor, de modo que los destilados costosos aporten más al fisco en términos absolutos.
Aun así, varios expertos y analistas tributarios señalan que urge revisar la estructura para alinearla con objetivos de salud pública y competitividad. Una posibilidad es ajustar las tarifas según contenido alcohólico real –por ejemplo, hacer más progresivo el impuesto para licores de alta graduación– y examinar reducciones o incentivos para productores legales que compitan contra contrabando.
Es previsible que en el debate legislativo próximo se planteen reformas en este sentido, buscando un balance entre recaudo suficiente para las regiones y precios que no incentiven el mercado ilegal. En suma, la eliminación de las trabas regionales reabre la conversación sobre qué tan justo es que una botella de whisky y una de aguardiente enfrenten prácticamente la misma tributación, y si no sería más conveniente un esquema que refleje de manera más proporcional el grado de alcohol de cada bebida y la realidad del mercado.
Impacto del contrabando y lavado de activos en el mercado de licores en Colombia
Otro factor crucial en el panorama licorero colombiano es el contrabando y la adulteración de licores, con sus implicaciones en pérdida fiscal y crimen organizado. Se estima que hasta 24% del licor consumido en Colombia es de origen ilegal (contrabandeado o adulterado), porcentaje que posiciona al país con el mayor mercado de alcohol ilícito de Latinoamérica.
En particular, las bebidas importadas de alto valor tienden a evadir impuestos: aproximadamente el 64% del whisky consumido en el país es ilegal, ingresado por redes de contrabandistas o falsificado, evitando los gravámenes que encarecen el producto legal. Según cálculos de la Federación Nacional de Departamentos, esta economía sumergida causa que los departamentos dejen de percibir más de $1,5 billones de pesos al año en impuestos y transferencias.
Es decir, el Estado regional pierde recursos significativos (unos 375 millones de dólares) que podrían destinarse a sus presupuestos sociales, a causa de las ventas fuera de control.
La problemática va más allá del dinero: el contrabando y la adulteración suelen estar vinculados a estructuras criminales, facilitando el lavado de activos y alimentando la corrupción. Hasta 2020, Colombia presentaba un preocupante 24,8% de participación de alcohol ilegal en su mercado, superando a países vecinos.
Sin embargo, mientras existían restricciones regionales al comercio legal de aguardiente, éstas paradójicamente fomentaban el tráfico ilegal: muchas marcas “prohibidas” igualmente circulaban clandestinamente en departamentos ajenos, sin aportar un peso al fisco.
Con el nuevo fallo, se espera reducir el incentivo al contrabando interno de aguardiente, pues ya no habrá territorios vedados a ciertas marcas. Si un consumidor de la costa quería Aguardiente Antioqueño, por ejemplo, antes recurría a conseguirlo por vías informales si su departamento lo restringía; ahora podrá adquirirlo legalmente, contribuyendo mediante el impuesto al consumo.
Aun así, el desafío de fondo permanece: la alta carga tributaria y las diferencias de precio seguirán tentando a las mafias del contrabando internacional. Por ello, los departamentos –con apoyo de la DIAN y la Policía– mantendrán las estrategias anticontrabando, a la par que buscan que la apertura del mercado formal asfixie una porción del mercado negro.
El nuevo panorama del Mercado de Aguardientes en Colombia
La decisión de la Corte Constitucional abre las puertas a una nueva era para el mercado de aguardientes en Colombia
Las empresas licoreras se preparan para competir más allá de sus fronteras tradicionales, los consumidores acceden a un portafolio más amplio, y las reglas del juego se están reescribiendo en tiempo real.
Deberá evaluarse la distribución de las utilidades de las licoreras. Actualmente, las utilidades van al departamento dueño de la fábrica; en un mercado abierto, si esas utilidades caen (por menor participación de mercado), habría que pensar en compensaciones o en esquemas cooperativos entre departamentos para proyectos comunes. No se descarta que departamentos sin fábrica propia pidan mayor porción del impuesto al consumo o que se creen fondos de nivelación.
Por último, la modernización es también empresarial. Muchas licoreras públicas deberán adoptar estrategias de negocio más agresivas y eficientes para sobrevivir sin protecciones. Algunas ya venían preparándose: la Nueva Licorera de Boyacá, por ejemplo, lanzó recientemente nuevas líneas premium (Aguardiente Ónix en ediciones especial y sin azúcar, entre otros) buscando diferenciarse por calidad
Este tipo de innovación de portafolio será crucial. De igual forma, inversiones en modernización de plantas, mercadeo y distribución estarán a la orden del día para ganar competitividad.
Las licoreras grandes han renovado su imagen: Caldas enfatiza la tradición de su Aguardiente Amarillo, Antioquia diversificó su oferta con ediciones sin azúcar y sabores (rojo, azul), Valle promueve su fórmula suave del Blanco, etc.
La regulación deberá acompañar estas dinámicas, facilitando alianzas público-privadas, garantizando transparencia en la gestión de las empresas estatales y quizás permitiendo mayor flexibilidad laboral y comercial para que puedan operar como compañías modernas. En síntesis, el sector licorero colombiano se enfrenta a una reinvención integral, donde las leyes, los impuestos y la cultura empresarial evolucionarán conjuntamente para dar paso a un mercado más abierto y competitivo.
Aguardiente en Colombia: Beneficios para consumidores y desafíos para los departamentos
Desde la óptica del consumidor, el nuevo escenario pinta ampliamente favorable. Por primera vez en la historia reciente, cualquier colombiano podrá escoger en la tienda o supermercado el aguardiente de su preferencia sin importar su procedencia. Esto significa acceso a una mayor variedad de sabores y marcas: un caleño podrá comprar el tradicional Néctar de Cundinamarca, un bogotano podrá probar el Aguardiente Caucano, un paisa podrá brindar con Aguardiente Cristal de Caldas, etc., todo de manera legal.
La competencia también podría traducirse en mejores precios o promociones. Si antes un monopolio departamental fijaba un precio sin temor a perder mercado local, ahora las empresas deberán considerar estrategias de precio más atractivas para conquistar al público en otras regiones (y defender su terreno ante la incursión de rivales).
En el mediano plazo, los consumidores podrían ver mejoras en la calidad del producto, ya que cada licorera estará incentivada a elevar sus estándares para destacar. Como lo resaltó Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas, la competencia no destruirá las industrias locales sino que “las impulsará a mejorar sus estándares”, ofreciendo más variedad y calidad a la ciudadanía.
Para los departamentos y sus gobiernos locales, en cambio, la situación representa un desafío considerable. Tradicionalmente, las licoreras oficiales eran una fuente segura de ingresos y orgullo regional, operando sin competencia interna. Ahora deberán competir “de tú a tú” incluso en su propio territorio. Los más afectados podrían ser los pequeños productores regionales, que antes estaban resguardados tras sus fronteras: “los perdedores en la guerra del guaro son los pequeños productores regionales, quienes estaban protegidos […] y ahora tendrán que estar de igual a igual”, advirtió Alejandro Useche, profesor de economía de la Universidad del Rosario.
Departamentos con fábricas modestas o poco eficientes podrían ver cómo sus ventas disminuyen frente a marcas posicionadas a nivel nacional. Esto encierra el riesgo de merma en los ingresos departamentales: si su aguardiente local vende menos, bajarán tanto las utilidades empresariales como el impuesto al consumo recaudado en su jurisdicción (aunque parte de ese impuesto lo ganarían otros departamentos donde sí se vendan sus productos).
Algunos mandatarios prevén escenarios complejos; el exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, llegó a expresar que sin medidas de protección, muchas licoreras podrían enfrentar la extinción, no por ineficiencia sino por incapacidad de competir con empresas de mayores presupuestos
En cuanto a tiempos, la expectativa es que antes de finalizar 2025 se hayan definido lineamientos claros mediante ley o decreto reglamentario. Entre tanto, sigue vigente la mayoría de la Ley 1816 (impuestos, monopolio en producción, etc.), solo que sin la posibilidad de bloquear introducciones.
Esto significa que el mercado operará bajo el statu quo pero sin restricciones geográficas, en una suerte de periodo de transición. Si el Congreso actúa con rapidez, podría dar mayores herramientas a los departamentos para esta transición: por ejemplo, crear un fondo temporal de compensación para departamentos cuyas ventas caigan abruptamente, o autorizar a las licoreras a emplear estrategias comerciales antes prohibidas (como descuentos o ventas directas en línea a otras regiones).
¿Qué dicen las licoreras sobre el nuevo panorama en la venta de aguardiente?
Las principales fábricas de aguardiente del país reaccionaron con una mezcla de celebración y estrategia: comprendieron que se abría una “guerra comercial” por conquistar mercados, pero también la oportunidad de crecer como nunca antes. Desde ya se observa un reacomodo industrial, con movimientos tanto en el plano competitivo como, potencialmente, en la estructura misma de las empresas.
Las grandes licoreras departamentales –Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Valle, Tolima, Santander, Cauca, entre otras– han salido a “marcar territorio” en redes sociales y anuncios públicos. Por ejemplo, la Empresa de Licores de Cundinamarca proclamó: “Ahora llevaremos el auténtico sabor de Cundinamarca a cada rincón de Colombia”, enfatizando su diversidad de sabores (Néctar tradicional, sin azúcar, premium, etc.).
La Fábrica de Licores de Antioquia difundió un vídeo mostrando los departamentos donde antes no estaba su Aguardiente Antioqueño –Boyacá, Nariño, Huila, Caquetá, Putumayo, entre otros– anunciando con el lema “¡Estamos listos!” su incursión en esos mercados
A su vez, la Industria Licorera de Caldas celebró desplegando la bandera de su Aguardiente Amarillo sobre el mapa colombiano y declarando “Muy pronto llegaremos a toda Colombia”.
Incluso licoreras menos mediáticas como la del Cauca expresaron su entusiasmo diciendo que son “el reflejo de una región que avanza con pasión y visión de futuro… ahora disponible para todos”.
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En cuanto al mercado en sí, se esperan cambios en las cuotas y alianzas. Un caso ilustrativo es Bogotá y la región central: allí el Aguardiente Néctar (Cundinamarca) tenía predominio absoluto, pero ahora deberá medirse con la llegada del Aguardiente Amarillo de Manzanares (Caldas), entre otros.
Analistas sugieren que la entrada de Amarillo a Bogotá podría redefinir el liderazgo de marcas tradicionales como Néctar o Antioqueño, ampliando el portafolio para los consumidores pero obligando a esas marcas a defender su participación
Antioqueño, que ya tenía presencia en muchos departamentos (por vías legales o no tan legales), buscará consolidarla abiertamente; su gerente general, Esteban Ramos, afirmó que planean incursionar con optimismo en Valle, Nariño, Huila, Tolima, Boyacá, Putumayo y Caquetá, regiones que antes les eran esquivas
Es posible que en este nuevo ecosistema surjan alianzas estratégicas inesperadas. La idea de colaboraciones entre licoreras departamentales, antes competidoras estanques, ahora cobra sentido: por ejemplo, acuerdos de distribución cruzada (una licorera con buena red en ciertas zonas podría distribuir el producto de otra y viceversa), o incluso convenios para producción conjunta de insumos (alcoholes neutros, esencias) que abaraten costos.
La Asociación Colombiana de Empresas Licoreras podría servir de plataforma para estas sinergias, uniendo esfuerzos para que el aguardiente colombiano en su conjunto gane terreno frente a destilados importados. De hecho, el propio gobernador de Caldas hizo un llamado conciliador a las “licoreras grandes de Colombia –la de Antioquia, Valle y Cundinamarca– para unirnos y hacer campañas a nivel mundial posicionando nuestro aguardiente como licor típico colombiano”.
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