Por: Cecilia López Montaño
Como si en este país se necesitara más corrupción, ahora ha salido a la luz otra modalidad perversa: usar delincuentes para cazar a otros delincuentes. Los dos grandes escándalos que hoy están en primera plana se pueden relacionar directa o indirectamente con esta nueva práctica. El secretario de Seguridad de Medellín sale de su cargo siendo investigado por posibles vínculos con delincuentes reconocidos en esa ciudad, como los miembros de la llamada Oficina de Envigado. A su vez, al fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación se le acusa de favorecer a funcionarios públicos acusados ante esa institución. Todo se descubre cuando la DEA utiliza al exgobernador Lyons, que huye de la justicia colombiana, para que le entregue un soborno al fiscal de manera que no avance su investigación. Esto convierte al fiscal Anticorrupción en extraditable de la justicia estadounidense por lavado de activos.
Muchos de los éxitos en seguridad de la Alcaldía de Medellín estarían asociados con los vínculos con delincuentes, que tienen al ex secretario de Seguridad en la mira de la justicia. De paso, se compromete la política de seguridad que se reconoce como exitosa en Medellín, que además ha sido bandera del actual alcalde de esta ciudad. Se trataría entonces de aceptar que el fin justifica los medios, lo cual no resiste ningún análisis en términos de ética.
El segundo caso es muy preocupante para Colombia porque el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, acusado de múltiples delitos contra el erario, no volverá al país y quedará en manos de la justicia de Estados Unidos. La duda entonces es qué sucederá por ejemplo con el ‘cartel de la hemofilia’, uno de los tantos casos de malversación de fondos públicos que enredan a este funcionario.
Estos dos casos sumados a los que enfrenta diariamente el ciudadano del común, que realmente se levanta siempre a enterarse del escándalo del día, está generando un profundo desconcierto en el país. Ya había sido suficientemente demoledor saber que los ricos de este país también roban, como en el caso de Interbolsa, entre otros. Ahora resulta que demasiados funcionarios públicos de alto nivel también son de dudosa reputación. Muchos nos estamos preguntando qué será lo que nos queda.
En manos de la justicia están estos dos funestos personajes; viene ahora el tema álgido pero escurridizo de las responsabilidades políticas. Una de las preguntas que quedan sobre la mesa es qué pasa con los jefes de estos dos altos funcionarios que nombraron a estos dos personajes. ¿Les cabe algún grado de responsabilidad o están exentos de culpa? ¿Y qué sucede si estos nombramientos fueron el producto de recomendaciones políticas de partido y personajes nada transparentes en el país? Quienes los recomendaron, ¿también se lavarán las manos, como siempre? Los representantes de Cambio Radical deben estar pagando escondederos a peso en el caso del exfiscal Moreno. Barranquillero además.