Hablar de fraude electoral en Colombia no es un tabú ni una invención reciente. A lo largo de las últimas décadas han existido denuncias, investigaciones y hechos comprobados que demuestran irregularidades en mesas de votación y en etapas de escrutinio, votos que aparecen o desaparecen, curules que cambian de manos tras revisiones posteriores y decisiones que alteran el mapa político hacen parte de una historia que no puede negarse ni minimizarse.
Pero reconocer que el problema ha existido no significa resignarse a convivir con él. tampoco autoriza a convertir la sospecha en herramienta política. El fraude es un delito y, como tal, debe ser combatido con instituciones fuertes, controles eficaces y sanciones ejemplares. Lo que está en juego no es solo una curul o una elección puntual: es la confianza en el sistema democrático.
Durante años se ha discutido la necesidad de modernizar el sistema electoral, incluso con la implementación del voto electrónico. Sin embargo, ese debate ha quedado a medio camino. Persisten dudas, resistencias y, en algunos sectores, la percepción de que las elecciones no solo se ganan en las urnas, sino también en los escrutinios. Esa frase, repetida casi como un lugar común, refleja un problema estructural: la desconfianza.
Es cierto que las irregularidades no se presentan con la misma intensidad en todas las regiones. Hay zonas donde históricamente los riesgos han sido mayores. Pero también es cierto que el fenómeno no es exclusivo de un territorio específico ni de una sola fuerza política. Ha sido transversal y ha afectado a distintos partidos a lo largo del tiempo.
En ese contexto, cuando el presidente Gustavo Petro menciona la posibilidad de fraude o deja entrever dudas sobre el proceso electoral, el impacto de sus palabras no es menor. No habla un candidato ni un senador en oposición. Habla el jefe de Estado. Y en una democracia, las palabras del jefe de Estado tienen peso institucional.
Si existen indicios, pruebas o hechos concretos que apunten a un posible delito electoral, el camino es claro: ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes, como la Registraduría Nacional del Estado Civil o el Consejo Nacional Electoral, y permitir que se actúe conforme a la ley. De lo contrario sembrar dudas sin sustento público puede erosionar la credibilidad del proceso antes de que siquiera ocurra.
El Presidente, además, tiene herramientas que van más allá de la denuncia. Puede ordenar un despliegue robusto de la Fuerza Pública en los puestos de votación, reforzar la vigilancia en las etapas de escrutinio y garantizar que las autoridades actúen con máxima alerta. Esa es la diferencia entre quien compite por el poder y quien lo ejerce.
No puede olvidarse que el propio presidente tuvo garantías en su trayectoria política. Fue senador, candidato y hoy es mandatario. Su partido también ha sido beneficiado y afectado en distintas etapas de escrutinio, como ocurre en cualquier sistema donde existen recursos y revisiones. Precisamente por esa experiencia, su responsabilidad actual es mayor.
En tiempos de polarización, la democracia necesita menos insinuaciones y más certezas. Más controles y menos sospechas generalizadas. Combatir el fraude es una obligación permanente del Estado. Preservar la confianza en el voto, también. Cuando se habla de fraude, lo que está en juego no es solo el resultado de una elección, sino la legitimidad misma del sistema que sostiene la convivencia democrática.
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