El fútbol colombiano atraviesa una discusión estructural que podría redefinir su modelo económico a partir de 2027. Con el contrato de derechos de televisión vigente próximo a vencer en 2026, varios clubes tradicionales han comenzado a mover fichas para exigir cambios en la forma como se distribuyen los ingresos entre los 36 equipos afiliados a la Dimayor, tanto de primera como de segunda división.
Actualmente, la transmisión del campeonato está en manos de Win Sports, operador que concentra la principal fuente de financiación de los clubes profesionales.
Equipos tradicionales proponen cambiar el modelo de reparto de derechos de TV en el fútbol colombiano
El esquema de reparto divide a las instituciones en dos categorías: clase A y clase B. Los equipos que cumplen cinco temporadas consecutivas en primera división ascienden automáticamente a la clase A, donde reciben poco más de un millón de dólares anuales. Los de clase B perciben cerca de 800.000 dólares. El criterio no contempla variables como audiencia, resultados deportivos recientes o peso comercial.
Esa fórmula, que en su momento buscó estabilidad financiera, hoy es objeto de cuestionamientos por parte de ocho instituciones históricas, según reveló el periodista César Augusto Londoño. Entre los clubes que respaldarían la iniciativa figuran Millonarios Fútbol Club, Atlético Nacional, América de Cali, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín.
La propuesta apunta a migrar hacia un modelo mixto, similar al que operan las grandes ligas europeas. Bajo ese esquema, el 50 % de los ingresos se repartiría de forma equitativa entre todos los participantes, mientras el 25 % estaría condicionado al rendimiento deportivo y el 25 % restante al impacto en audiencia o variables comerciales.
Ese tipo de distribución funciona, con ajustes propios, en torneos como la Premier League y LaLiga. En Inglaterra, por ejemplo, incluso el equipo que finaliza en el último lugar recibe ingresos significativamente superiores a los del fútbol colombiano, gracias a contratos televisivos de escala global. La comparación deja en evidencia no solo la brecha económica, sino también la diferencia en los criterios de asignación.
Quienes impulsan la reforma sostienen que concentran la mayor audiencia, generan los picos de rating y asumen costos más altos por nómina, logística y participación en torneos internacionales. Argumentan que un reparto prácticamente homogéneo desincentiva la inversión y dificulta competir con clubes de Brasil o Argentina, cuyos ingresos por televisión multiplican varias veces los montos locales.
Sin embargo, el planteamiento no genera consenso. Equipos con menor presupuesto consideran que la distribución actual garantiza un piso financiero que permite sostener la operación y evitar desequilibrios profundos. Desde esa orilla advierten que una concentración mayor de recursos podría ampliar la brecha competitiva.
La decisión final dependerá de la negociación del nuevo contrato que entrará en vigencia tras 2026. Más allá de definir qué operador tendrá los derechos, el debate de fondo es qué modelo económico adoptará la Dimayor. El resultado impactará la sostenibilidad de los clubes y el nivel competitivo del campeonato en los próximos años.
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