Una mirada al desarrollo minero con enfoque justo y programático beneficia a todos

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Este contenido hace parte de la séptima edición de Revista 360 y cuenta con la participación de más de 70 invitados de todos los principales sectores económicos, productivos y políticos de Colombia. Ministros, líderes gremiales, líderes en áreas de la construcción, sectores bancarios, logística e infraestructura, telecomunicaciones, gobernantes regionales, analistas, economistas, entre otros. 


Por: Mauricio Cuesta – Experto en sector minero, exvicepresidente de Minesa

La minería y los hidrocarburos soportan el cumplimiento de los compromisos fiscales del país y de su balanza de pagos, al tiempo que acompañan el camino para construir las condiciones socio-ambientales en los territorios que conduzcan a que los más de 21 millones de habitantes en Colombia que hoy están en niveles de pobreza y pobreza extrema, transiten fuera de ellos. 

Esta verdad irrefutable llevó a que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal emitiera su Pronunciamiento No. 5, en el que afirma que la exploración y explotación de hidrocarburos son la fuente principal de divisas para el país, y representan entre el 10% y el 20% de los ingresos del Gobierno Nacional central, para concluir que la sostenibilidad del sector de hidrocarburos constituye un eje fundamental para cumplir las metas del Estado social de derecho. 

Igual circunstancia se presenta con la minería, con un panorama más agrio por cuenta de la ilegalidad rampante que abunda en los territorios más pobres del país, donde lamentablemente la extracción ilícita de minerales se superpone con las áreas de cultivos de hoja de coca según lo han reflejado los informes de la Contraloría General de la República, que además dictaminan que el 85% del oro que actualmente exporta el país proviene de ese flagelo. 

La minería formal requiere un apoyo decidido desde todos los frentes de la sociedad, pues al igual que ocurre con los hidrocarburos, la minería es esencial para la vida como la conocemos en el Siglo XXI y como queremos que evolucione para apoyar más y mejores tecnologías limpias, o la llamada transición energética.  Es así como el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, en su concepción de actividad lícita generadora de riqueza, es sin duda alguna un engranaje de fuerzas económicas que para cualquier país del mundo que goce del privilegio de contar con tales recursos finitos, le permite generar empleo, atraer inversión, captar regalías, impuestos y otras contraprestaciones económicas, y promover programas y proyectos que reducen la pobreza y fomentan el desarrollo territorial.  

Esta ha sido la verdad de la minería en Colombia, que en los últimos años ha representado en promedio un 2% del PIB, 20% de las exportaciones y 13% de la inversión extranjera directa, empleando directamente a más de 250 mil personas, y aportando a la reducción de los niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas en los municipios mineros pasando del 61% al 33% en los últimos 25 años. Sólo en los primeros dos trimestres del año 2022, la minería ha exportado más de $9,200 millones de dólares, con inversión extranjera por más de $1,500 millones de dólares; el gremio anticipa que su aporte en impuestos y regalías para este mismo año sea histórico, con $8,8 billones.   Más aún, si tomamos la actualización del Plan de Recursos del Sistema General de Regalías 2023 – 2032 publicado

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recientemente por el Ministerio de Hacienda, tenemos que el sector minero mantiene su contribución al desarrollo del país con un aporte en regalías para los próximos 10 años calculado en el 1% del PIB de 2022. 

Pero pensemos que Colombia no es un país minero en su acepción territorial, si se tiene en cuenta que sólo el 2,8% del área del país cuenta con actividad minera formal. Países como Chile o Perú concentran minería en áreas que les permite un mayor aporte a la economía nacional. Por ejemplo, se estima que el 20% del territorio peruano se encuentra concesionado para la minería, y que la industria aportó en años pre-Covid hasta el 14% al PIB nacional. De ahí que el potencial del país para crecer organizadamente el territorio explotable de sus recursos mineros estratégicos y lograr un crecimiento sostenible es invaluable. 

Los minerales estratégicos que acompañan la transición energética están presentes en el territorio, como da cuenta la información que reposa en el Servicio Geológico Colombiano y que sirve de base para la planeación del sector. En síntesis, Colombia cuenta con yacimientos de oro, platino, cobre y otros minerales localizados en 59 bloques en distintas regiones del país, que cubren una superficie de 11,6 millones de hectáreas y corresponden al 9,8% del territorio nacional. 

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Mauricio Cuesta – Experto en sector minero, exvicepresidente de Minesa. Cortesía.

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Pero este potencial requiere de inversiones significativas que están aún lejos de materializarse en un país como Colombia, en constante transición de sus políticas mineras y ambientales. Otros países de la región han logrado una estabilidad y seguridad jurídica que les han permitido gestar procesos avanzados en este sector. Chile, por ejemplo, es el país en la región que más invierte en exploración minera por superficie de territorio, con $762 dólares/Km², con Perú y México siguiéndole a razón de $474 y $310 dólares//Km², respectivamente. Colombia no aparece aún en los lugares de privilegio, ya que solo representa el 5% de todo el presupuesto de exploración en Latinoamérica; el Conpes 4075 reconoce esta baja inversión en exploración en minerales estratégicos para la transición energética con tan solo el 3% del total de dicha inversión para minerales como el cobre y el níquel.  Esta falta de conocimiento es una talanquera para la transición energética.

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Es hora que Colombia revise y adopte una política minera que resalte ese potencial invaluable de sus recursos naturales, y que se instituyan dentro del marco cambiante que hoy se presenta con el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado sobre titulación minera, así como con la incorporación del tratado de Escazú mediante ley 2273 sobre transparencia, acceso a información y participación, pues de lo contrario se seguirán sirviendo a las economías extractivas ilícitas que tanto daño hacen a los ecosistemas protegidos, a las finanzas públicas y a las comunidades más pobres en el territorio, alejándose cada vez más de conseguir su tan anhelada sanidad. 

Algunos lineamientos de esa política ya han sido planteados en documentos sobre el sector minero de los entes de control, en sentencias de las altas cortes, y más recientemente por economistas de primer nivel, en donde su eje fundamental es el balance de la protección de derechos inherentes al ser humano acompasado de su desarrollo y necesidades primarias, sociales y económicas.  Ese balance solo es posible con la formulación de nuevos entendimientos sociales donde la ciudadanía esté en el centro de cualquier política de desarrollo, como lo visiona el diálogo social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia lanzada por el Ministerio de Minas en la COP27. De ella, vale rescatar unos de sus componentes técnicos que invitan a fomentar la industria nacional asociada a las tecnologías renovables para crear mayor valor en el país a través de procesos metalúrgicos y generación de productos de uso final, así como a promover mayor demanda de minerales estratégicos con una prospectiva social y ambientalmente responsable que genere encadenamientos productivos populares en los territorios mineros.  El sector productivo minero no puede marginarse de este diálogo, sino por demás, posicionarse en su seno para que se capitalice todo el valor que debe reportar al país sus recursos naturales.

Es innegable, entonces, que frenar el desarrollo no es posible cuando éste lleve al crecimiento económico, al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los recursos ni deteriorar el ambiente, porque la estrategia de sostenibilidad prevista por el constituyente no es puramente conservacionista. Así, es menester que el país en su conjunto, ahora que busca

afanosamente la transición energética hacia escenarios que contribuyan al impacto positivo del entorno, encuentre las medidas adecuadas que permitan la sostenibilidad del desarrollo minero, sin impedir injustificadamente su crecimiento para beneficio de todos los colombianos.

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