En el segundo semestre de 2025, la relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia podría enfrentar una coyuntura crítica: la muy probable descertificación de Colombia como país cooperante en la lucha contra las drogas.
¿Por qué la descercificación de Colombia en 2025 es una amenaza real?
A continuación, se presenta un análisis detallado, riguroso y metódico de esta situación, tomando como referencia la historia reciente y anticipando las posibles consecuencias, especialmente en un escenario donde Donald Trump como presidente de Estados Unidos y Marco Rubio como secretario de Estado, pues estos tienen ya una agenda marca y con historia reciente con Colombia.

Breve historial de la descertificación de Colombia
Antecedentes (década de 1990)
Descertificación de 1996: Bajo el gobierno de Ernesto Samper y con Bill Clinton como presidente de Estados Unidos, Colombia vivió uno de los episodios más duros de su historia reciente en materia de política antidrogas.
El país fue descertificado en 1996 debido a la presunta falta de cooperación y a los escándalos de financiación de la campaña presidencial con fondos provenientes del narcotráfico.
Duración e implicaciones: La descertificación se mantuvo hasta 1998, y durante este período Colombia vio congelada gran parte de la ayuda económica y militar de Estados Unidos, además de un deterioro significativo en su imagen internacional.
El Gobierno colombiano enfrentó presiones externas e internas para reformar sus instituciones y fortalecer los mecanismos de control antidrogas.
Recuperación y “recertificación”: Tras la salida de Ernesto Samper y con la llegada de Andrés Pastrana a la presidencia (1998-2002), la cooperación bilateral se reestructuró a través del llamado “Plan Colombia”.
Este programa, apoyado por el Congreso estadounidense, buscó reforzar la lucha antinarcóticos y la modernización de la fuerza pública, permitiendo a Colombia recuperar la certificación y acceder a mayores recursos de cooperación.
Razones que auguran una nueva descertificación
Incremento sostenido en la producción de coca: En la última década, Colombia ha roto año tras año récords de producción de hoja de coca y cocaína, manteniéndose como el mayor exportador del mundo.
Los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la DEA evidencian un crecimiento constante de los cultivos ilícitos en zonas rurales.
Tensiones geopolíticas y políticas estrictas de Trump: Donald Trump regresa a la Casa Blanca y Marco Rubio ejerce como secretario de Estado, lo que ha significado que Estados Unidos adopte una línea mucho más dura contra los países que, a su juicio, no colaboren efectivamente en la guerra contra las drogas.
Históricamente, Trump ha amenazado con imponer sanciones y aumentar la presión comercial a quienes considere “cómplices” o “inactivos” en el control de narcóticos.
Percepción de inacción gubernamental: A pesar de los esfuerzos del Gobierno colombiano por implementar estrategias de erradicación manual y forzada, la comunidad internacional y la propia administración Trump podrían considerar insuficientes estos avances. El factor determinante sería la persistencia de cifras récord de exportación de cocaína, sumado a un escenario político en el que la lucha contra las drogas no presente resultados tangibles.
Implicaciones económicas y comerciales
Restricciones y aranceles: La primera consecuencia de una descertificación bajo una presidencia de Trump sería la imposición de medidas económicas punitivas. Podríamos ver el aumento de aranceles a exportaciones clave de Colombia hacia Estados Unidos, como flores, café, banano y productos manufacturados.
Esto afectaría gravemente la balanza comercial, dado que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Colombia.
Pérdida de inversión extranjera: La inestabilidad generada por la descertificación desincentivaría la inversión extranjera directa. Las empresas estadounidenses y de otros países podrían mostrar cautela ante la incertidumbre regulatoria, financiera y diplomática que conllevaría este escenario.
Disminución de la ayuda económica y militar: Al igual que en la década de 1990, Colombia podría ver reducida la asistencia en materia de seguridad y desarrollo social.
Esto impactaría directamente en la capacidad de las fuerzas de seguridad para combatir a los grupos criminales y en el financiamiento de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en las zonas más afectadas por el narcotráfico.
Escenarios a futuro y posibles respuestas de Colombia
Reactivación de planes de erradicación forzada y aspersión aérea: Ante la presión internacional, el Gobierno colombiano podría reactivar métodos más contundentes de erradicación, como la aspersión aérea con glifosato, a pesar de la controversia y de las demandas ambientales y de salud pública asociadas.
Negociaciones diplomáticas intensas: Es previsible que la Cancillería colombiana busque mejorar la comunicación con el Departamento de Estado de EE. UU. para reducir las tensiones. Una estrategia de diplomacia intensa, mostrando avances concretos en materia de incautaciones, desmantelamiento de redes y extradiciones, podría moderar las sanciones o acortar el período de descertificación.
Cooperación con otros socios internacionales: Si la relación con Estados Unidos se enfría, Colombia podría buscar alianzas con otros socios comerciales y de cooperación, como la Unión Europea, países asiáticos y organismos multilaterales. Sin embargo, el peso específico de Estados Unidos en la economía colombiana hace difícil compensar por completo la pérdida de este aliado.
La posible descertificación de Colombia hacia el segundo semestre de 2025 bajo una hipotética administración Trump no sería un hecho aislado, sino el resultado de factores acumulados: el aumento sostenido de la producción de coca, la percepción de ineficacia en la lucha antinarcóticos y la línea dura de la política estadounidense en contra del narcotráfico.
La historia muestra que, si bien la descertificación puede deteriorar seriamente la imagen y la economía de Colombia, también puede llevar a la implementación de reformas y estrategias más sólidas contra el crimen transnacional.
Para evitar este escenario o, en su defecto, para mitigar sus efectos, Colombia debe:
Fortalecer la cooperación binacional: A través de un diálogo fluido con Washington, enfocándose en resultados concretos en la interdicción, reducción de cultivos ilícitos y aumento de extradiciones.
Impulsar políticas de desarrollo rural: Destinar mayores recursos a la sustitución de cultivos y al mejoramiento de condiciones socioeconómicas en las regiones afectadas por el narcotráfico.
Mostrar compromiso real en la lucha antidrogas: Transparentar el uso de fondos internacionales y destacar las mejoras en los procesos judiciales y administrativos contra la corrupción, para recuperar la credibilidad de cara a la comunidad internacional.
Con un panorama desafiante y un Gobierno de Estados Unidos poco dispuesto a concesiones, el año 2025 marcaría un hito en la política antidrogas de Colombia.
Aun así, el país cuenta con la experiencia previa y la posibilidad de movilizar recursos y alianzas estratégicas para sortear esta coyuntura, recordando que la descertificación anterior, aunque dolorosa, también propició cambios estructurales que, con el tiempo, contribuyeron a reencaminar la relación bilateral y a fortalecer la institucionalidad interna.
Lea también: Reporte de salud del Papa Francisco: Vaticano habla hoy 7 de marzo