Desconfianza

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Magistrados, fiscales, contadores y financieros han defraudado al país, han mentido a sus conciudadanos y menoscabado la confianza en nuestras instituciones de forma grave.


Por: Juan Ricardo Ortega

Indiscutiblemente el 2017 pasará a la historia como el año en el que se hace evidente lo bajo que ha caído el sistema judicial en su conjunto. La dignidad de la justicia fue arrastrada al bajo mundo de la narco-para-política. Nuestro sistema judicial se narco-modernizó con la justicia prepago. Pago para que el expediente se extravíe, o se traspapelen las pruebas, o se manufacturen testimonios, se manosean los fallos y todos se burlen de la justicia.

Olvidaron que la modernidad del Estado y la especialización en los mercados son el gran legado de la institucionalización de los profesionales. El mundo moderno le debe su prosperidad a que finalmente pudo crear círculos de confianza en los que cada cual podía hacer tranquilamente lo que le correspondía sin dudar de los otros. Un mundo de individuos dedicados a su quehacer, formados, por lo más selecto de sus pares, y certificado como competente por ellos mismos. Una nueva clase de ciudadanos expertos e independientes de los terratenientes o de los capitalistas, cuya vocación es servir a la sociedad, enalteciendo los saberes de su especialización.

En particular la profesionalización de abogados y financieros en los Estados Unidos fue uno de los aspectos centrales de su prosperidad. Los profesionales fueron el mecanismo a través del cual se cimentó un sistema económico basado en la confianza. El sistema judicial dirime rápidamente y de forma imparcial los conflictos, los financieros y contadores revelan el verdadero estado de los negocios de forma consistente, los ingenieros construyen, o como inspectores certifican la calidad de las grandes obras de ingeniería. Los negocios fluyen cuando los derechos de propiedad y los contratos se honran a cabalidad.

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No obstante, la fe en los profesionales no está libre de riesgos. Este sistema es vulnerable al oportunismo, a que el profesional utilice el poder de decisión que se le confiere para beneficiarse a sí mismo. Pueden ser mercenarios, que enmascarados con un título profesional, se enriquecen defendiendo algún oculto interés mezquino.

Los pilares de la confianza que son la justicia y el aseguramiento de la información financiera no podrían estar pasando por peores momentos. Las contabilidades falsas de importantes grupos empresariales como el de Víctor Maldonado, Rodrigo Jaramillo, o Luz Mery guerrero, entre muchos otros, resquebrajan la confianza en el sistema. Donde el pillo gana, el bueno no apuesta. Que en Colombia se manipulen las contabilidades de empresas que conforman el grupo financiero más poderoso del país, da escalofríos. Si hacen esto para ganarse un contrato, ¿qué otras cosas estarán dispuestas a falsear para enriquecerse aún más? Y cuando hay medios de comunicación enredados en los papeles de Panamá y magistrados de las altas Cortes y fiscales estratégicos están todos envueltos en estas mismas corruptelas, queda en total evidencia la grave prostitución de las profesiones en Colombia.

El papel que se le ha conferido en la sociedad a abogados y contadores es demasiado importante como para que no se regulen, y se les nivele por lo alto. Ellos pueden autorregularse o el sector público puede exigirles certificaciones que aseguren su calidad. En Colombia el Ministerio de Educación abdicó hace muchos años esta vital labor. El que cada capo del narcotráfico o testaferro de paramilitares tenga una Universidad a la que el Ministerio autorizó es muestra amplia o de su captura o de su absoluta falta de criterio. La visión de la Ley 30 de que la competencia en la economía de mercado iba a regular estos esenciales servicios fue un craso error.

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El sector privado debería empoderarse, alrededor de los mejores profesionales, para crear asociaciones que certifiquen solo a quienes de verdad tengan las competencias e integridad para honrar su profesión, indistintamente de quien le dio el título.

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