Nuestro editorial para hoy miércoles 27 de abril plantea una reflexión necesaria, alejada de cualquier ideología política o de cualquier sentimiento que se pueda mezclar en algo tan delicado y tan trascendental para nuestro país como lo han sido las declaraciones de militares conocidas este martes, realizadas ante la JEP.
Unos militares con más rango que otros, desde tenientes, coroneles hasta cabos que admitían en comparecencias ante víctimas y ante magistrados de este tribunal las atrocidades que cometieron en medio de operativos, de trabajos de campo y de otro tipo de actividades que estaban siempre dirigidas a obtener un número de bajas.
Para la JEP, esta fue una política sistemática; para algunos analistas puede parecerse a una política de Estado mientras que para otros son hechos aislados que existían en los pelotones y en ciertas divisiones de las brigadas que escapaban del control por parte del Ministerio de Defensa, del gobierno nacional y en algunos casos de la misma cúpula militar.
Si bien la situación de los falsos positivos en Colombia ha tenido lastimosamente un tinte político y ha servido como herramienta de ataque entre una fuerza y otra, esta debería elevarse a un rango superior, que sea de interés nacional para que en definitiva Colombia entienda, detalle y profundice todas estas horrorosas situaciones que vivió el país en medio de la guerra contra la guerrilla de las FARC y otras milicias.
Es importante instar a la JEP, encargada de estos casos, a que llame muy pronto no solamente a la base guerrillera sino a los distintos círculos jerárquicos de ese grupo terrorista para que de una vez por todas, luego de cuatro años, rinda cuentas ante el país y admita todos los delitos que cometieron. Este martes escuchábamos al ahora congresista Marcos Calarcá diciendo que en La Habana nunca se les probó a ellos que tuvieran conexión con el narcotráfico.
Este tipo de declaraciones comparadas con el reconocimiento que han hecho algunos militares ante la JEP de haber asesinado civiles para presentarlos como bajas guerrilleras, deja ver que hay un gran desbalance ante la comparecencia que hacen los actores del conflicto y si bien los magistrados han sido claros y específicos en que hay un reconocimiento paritativo para quienes están allí, sean de la fuerza pública o exguerrilleros, sí creemos que el país, que sufrió secuestros, asesinatos, atentados terroristas, extorsiones y todo lo relacionado producto de sus negocios con el narcotráfico, conozca qué fue lo que pasó y que ellos reciban sus penas.
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Desde este medio de comunicación en la línea editorial, defendemos a la fuerza militar, a la Policía, a todas nuestras fuerzas que componen la institucionalidad están amparadas bajo nuestra carta magna y actúan dentro de la legalidad en toda su lucha contra el terrorismo y la delincuencia. También somos absolutamente creyentes y defensores de que estar del lado de la ley implica tener no solamente unos estándares humanos sino en toda regla estrictamente ajustados a la CIDH, a toda la reglamentación que circunscribe el conflicto armado y ellos tienen que dar ejemplo.
Son innumerables las pruebas que tenemos de soldados que han auxiliado a guerrilleros que han caído en combate, que su misión es salvarle la vida al enemigo cuando se declaran en paz, cuando piden que no se les combata más. También es cierto que lo que ha conocido el país desde todo punto de vista execrable y se tiene que castigar con las penas contempladas dentro de la JEP, dentro de esa justicia que fue creada producto del acuerdo de paz con las FARC.
Nos alineamos con que unas pocas situaciones no pueden manchar el nombre de una institución, esto no puede servir como caldo de cultivo y herramienta de guerra para quienes tienen una gran diferencia con la fuerza pública; esto tiene que servir para que el gobierno mejore no solamente los procesos de incorporación a la fuerza pública sino que la vigilancia sea constante en todos los procedimientos, en las operaciones y en los proyectos que se adelanten.
A las víctimas de la fuerza pública hay que respetarlas, repararlas, ofrecerles verdad, brindarles una verdadera justicia y lo más importante: no revictimizarlas. Creemos en un Estado social de derecho en donde quienes cometen un delito lo pagan, sea del bando que sea, sin importar su estrato social, su color de piel, su condición sexual, su ideología, su posición socioeconómica; todos los colombianos somos iguales ante la lay pero con un plus muy importante, y es que quienes trabajan para el Estado, sobre todo combatiendo a la delincuencia y a la ilegalidad, tienen que tener unos estándares más altos que todos porque son ellos quienes deben dar ejemplo, quienes deben ofrecer garantías a toda la población y además seguirse ganando el respeto que se han ganado durante tantos años con hechos, con muestras fehacientes de que son unas fuerzas ajustadas a la ley que cumplen con el DIH, que cumplen con los estándares internacionales a la hora de combatir al enemigo y que están trabajando por lograr que Colombia tenga una mejor sociedad, más tranquila, más justa y en paz.