En un golpe contundente contra la corrupción y el narcotráfico, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado la destitución e inhabilitación por 18 años del intendente Nelson Enrique Robles Munévar, quien se desempeñaba como jefe de Control de Equipajes y Aviones en la compañía antinarcóticos de Control Aeroportuario de Bogotá D.C. de la Policía Nacional.
El fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría revela que Robles Munévar estuvo involucrado en operaciones de tráfico y transporte de estupefacientes mientras ostentaba su cargo oficial. El Ministerio Público confirmó que el intendente «adquirió y facilitó un uniforme y prendas de uso exclusivo de la institución policial a un particular», quien, haciéndose pasar por miembro activo de la Policía Nacional, ingresó al hangar de la empresa Central Charter de Colombia S.A.S en el Aeropuerto El Dorado.
La simulación del registro de 15 maletas que contenían 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, transportadas en un jet privado con destino a Farnborough, Reino Unido, constituye un acto de gravedad extrema. El intendente, a pesar de su posición como responsable de Control de Equipajes y Aviones, participó activamente en esta operación ilícita, socavando los principios de moralidad y legalidad que se esperan de un funcionario público.
¿Cómo califico la Procuraduría el acto del jefe de Control Aeroportuario?
La Procuraduría calificó la conducta de Robles Munévar como gravísima, a título de dolo, lo que refuerza la seriedad y la intencionalidad de sus acciones. La decisión de destitución e inhabilitación es un claro mensaje de la determinación de las instituciones para erradicar la corrupción y la complicidad con el narcotráfico.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de mantener la integridad en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la legalidad en los aeropuertos del país. La sociedad espera que este tipo de sanciones sirvan como ejemplo disuasivo y refuercen la confianza en las instituciones encargadas de velar por el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.
Cabe destacar que, contra esta decisión, procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, lo que asegura un proceso justo y transparente en la búsqueda de la verdad y la justicia.
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