Este contenido hace parte de la séptima edición de Revista 360 y cuenta con la participación de más de 70 invitados de todos los principales sectores económicos, productivos y políticos de Colombia. Ministros, líderes gremiales, líderes en áreas de la construcción, sectores bancarios, logística e infraestructura, telecomunicaciones, gobernantes regionales, analistas, economistas, entre otros.
Por: Juan Pablo Ospina – Presidente de COREMAR
Una de las preocupaciones centrales de los Estados es asegurar a todos sus habitantes que puedan disponer de acceso confiable a sus fuentes de energía, al mismo tiempo que adoptar medidas efectivas para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos, ambos objetivos muy importantes de desarrollo sostenible.
Colombia debe mantener sus esfuerzos en la formulación y ejecución de estrategias y políticas públicas que garanticen la seguridad energética a toda la sociedad en sus diferentes dimensiones: disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad, así como también promover la conciencia colectiva sobre el cambio climático y los mecanismos de participación ciudadana que involucran una nueva dimensión de la citada seguridad energética: la aceptabilidad.
El entorno internacional hoy busca cómo alcanzar la seguridad energética, impactada entre otros por las tensiones geopolíticas, la complacencia de algunos países para que otros suministren la energía que no se quiere producir, y las decisiones pasadas en torno al uso de energías como la nuclear y la basada en el uso del carbón. El entorno nacional no es diferente en cuanto a las preocupaciones por la seguridad energética, entre estas, la incertidumbre de la oferta de energía eléctrica (Ej: la demora en entrada en operación de Hidroituango) para atender los crecimientos esperados de la demanda, la disponibilidad de gas natural para soportar las necesidades de generación de energía térmica y el creciente consumo industrial originado por la sustitución del uso de combustibles más contaminantes, la incertidumbre asociada a la conectividad de los proyectos de energía renovable, entre otros.
Si a lo anteriormente expuesto le adicionamos mayor incertidumbre por la ocurrencia de un periodo de hidrología crítica “fenómeno del Niño” o a un evento fortuito, como lo sucedido a inicios del año 2016 en la hidroeléctrica de Guatapé, nadie pudiera asegurar que no caeríamos en un racionamiento eléctrico, que bajo la coyuntura económica actual, ocasionaría efectos de difícil superación en el corto plazo generando una pérdida de bienestar indeterminada y prolongada para todos los habitantes del país.
Lo dicho hasta el momento solo refrenda diferentes opiniones respecto al tema energético. Sin embargo, es muy poco lo que se menciona en torno al abastecimiento y la confiabilidad de los combustibles diésel y gasolina en el país, los cuales representaron el 21 y 24 % del consumo de energía secundaria en Colombia durante el año 2021 según la UPME. El trabajo silencioso y coherente que han realizado los diferentes agentes de la cadena de combustibles -Ecopetrol, los distribuidores mayoristas, los minoristas y los almacenadores- no ha sido aún acompañado de una regulación que implemente los planes de confiablidad de suministro de combustibles en el país.
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En Colombia se da una concentración de demanda de combustibles en el interior del país, a la par con un sistema montañoso joven, y una refinería que se ha venido modernizando pero que aún no cubre la demanda de su área de influencia, por lo que es necesaria la “internación” de producto. Es decir, se requiere transportar diésel y gasolina desde las costas colombianas hacia el interior. El sistema de transporte actual de combustibles por ducto, sumado a una sola fuente de producción al interior del país, sugiere la necesidad de implementar alternativas que garanticen el suministro en caso de disrupciones no planeadas, necesidad que se ha resuelto a nivel mundial con almacenamientos estratégicos o de respaldo de combustibles, ubicados cerca de los grandes centros de consumo y/o en las costas con acceso al transporte (marítimo, fluvial, férreo, ductos), para reaccionar ante impactos al abastecimiento regular. Un buen ejemplo de este tipo de prácticas se ve en los países asociados a la Agencia Internacional de Energía, como EEUU, Japón, Francia, Alemania y otros 27 países. Eventos catastróficos como el Huracán Katrina en el 2005, el Tsunami Japón en el 2011, las recientes huelgas de los transportistas en Francia, y la guerra entre Rusia y Ucrania han permitido a los países hacer uso de sus almacenamientos estratégicos, mitigando los impactos de cada uno de los eventos.
El parque automotor en Colombia está compuesto por más de 10 millones de motocicletas, y 6,7 millones de automóviles, camionetas, camiones, buses y volquetas. La transición energética de este parque automotor será tan “rápida” como capaces seamos de incorporar las nuevas tecnologías (hidrógeno, electricidad), superar las barreras de costo e implementar el programa de reemplazo de vehículos, esto último bien parecido a un programa de chatarrización.
Por lo anterior, Colombia mantendrá por unos buenos años la dependencia de diésel y gasolina para mover la economía del país. Actualmente el 100 % de la gasolina consumida en Colombia se dispone para los vehículos livianos y motos, y un 92 % del diésel se usa para el transporte pesado, buses y otros equipos.
Frente a este panorama un tanto inquietante para la sociedad colombiana y para los agentes de la cadena de abastecimiento, de cara a la reactivación y crecimiento de la economía, sería de vital importancia evidenciar en el corto plazo la voluntad del gobierno nacional frente a la adopción de un Plan de Abastecimiento de Combustibles Líquidos que tenga como objetivo garantizar la seguridad y confiabilidad del abastecimiento de dichos combustibles, que incorpore las acciones y proyectos con criterios de oportunidad y economía para prevenir la materialización de un riesgo potencial de desabastecimiento, así como las señales regulatorias necesarias para hacer realidad dicho plan.