Por: Luis Alonso Colmenares Rodríguez
El gobierno nacional expidió el decreto 2113 para declarar la situación de desastre en todo el territorio nacional por el término de doce meses, con base en las facultas previstas en la Ley 1523 que adoptó la política de gestión del riesgo de desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Con esto el gobierno queda facultado para llevar a cabo “ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad”, y los saldos presupuestales no ejecutados de otras entidades serán trasladados al Fondo Nacional de Riesgo que administra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para concentrar los recursos necesarios que permitan enfrentar esta tragedia.
Es revisando las consideraciones del decreto que llevaron al gobierno a tomar dicha decisión se cae en cuenta de la dimensión de lo que estamos viviendo en el país, y que los residentes en las comodidades de las ciudades no alcanzamos ni a sospechar. Ahí está el inventario del desastre.
Según el IDEAM, el fenómeno de La Niña empezó el 1° de agosto y puede continuar hasta abril de 2023, lo cual explica la permanente lluvia con las consecuentes inundaciones y deslizamientos de tierra que, de acuerdo con las estadísticas de la UNGRD, han sido reportados 3.569 eventos de emergencia en 864 municipios, afectando a 645.930 personas, 196.109 familias, 45 desaparecidos, 266 personas fallecidas, 5.207 viviendas destruidas y otras 106.574 afectadas, daños en 227 puentes vehiculares y 110 peatonales, están afectados 295 acueductos, 20 centros de salud, 228 sedes educativas, 45 centros comunitarios, 21.826 hectáreas de cultivos agrícolas inundadas en 25 departamentos, y se estima una probable afectación de otras 193.000 hectáreas de cultivos permanentes y 37.046 transitorios, que corresponden a una producción estimada de 975.000 toneladas de productos permanentes y 235.000 transitorios. ¡Es una situación de desastre!
La UNGRD que desde cuando la crearon no ha sido la entidad más eficiente sino una cueva de rolando para la corrupción y la caja menor de los politiqueros, ya lleva más de $380 mil millones invertidos, al tiempo que 19 gobernaciones y 225 alcaldías han solicitado más ayuda amparadas en las declaratorias de calamidad pública.
Y no es como muchos están creyendo en el sentido de que la naturaleza es la culpable de todo el desastre por el que está pasando el país, afectando a tanta gente pobre, porque esa es la gente que termina pagando los platos rotos. No. La humanidad es la responsable de toda la tragedia y lo debemos asumir con toda la vergüenza que nos corresponde.
Hay de toda clase de responsabilidades revueltas: abandono gubernamental, irresponsabilidad, corrupción, delincuencia, malos gobiernos, invasiones en zonas de alto riesgo, pobreza, mala planeación, desviación de corrientes de agua, en fin, todo lo contrario de lo que se debería hacer para resolver los problemas de la gente y aprender a vivir mejor cada día.
Por ejemplo, el tránsito de la tormenta tropical y posterior huracán Julia por La Guajira causó daños en 7 municipios afectando a 48.387 personas de 9.819 familias, 174 viviendas destruidas, 5.247 averiadas y un centro de salud.
Sin embargo, cabe preguntar: ¿qué han hecho los gobernantes con la plata de las regalías para llevar a cabo las obras necesarias y evitar que todos esos fenómenos naturales causen tanto daño cada vez?
En Uribia el agua corre por la misma parte todas las veces y varios videos que circularon por las redes sociales mostraron a la gente molesta haciéndole reclamos al inepto alcalde que eligieron.
¡Nunca resuelven nada porque todo se lo roban!
Pero los mandatarios si han resuelto sus problemas económicos y en toda La Guajira se habla de las fincas, apartamentos, vehículos y estaciones de gasolina que han comprado a través de terceras personas. Con eso ya tienen sus problemas resueltos una vez terminen el período de gobierno. ¡Los demás que se jodan! Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí...
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