Un jurado del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama puso punto final a uno de los litigios más largos y sensibles alrededor de Drummond, al determinar que las acusaciones que la señalaban de financiar grupos paramilitares en Colombia eran falsas y difamatorias. El veredicto, emitido el 15 de enero de 2026, representa un revés judicial de gran impacto para el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates).
Según la decisión unánime del jurado, Collingsworth y su organización no solo difundieron información falsa sobre Drummond, sino que también incurrieron en prácticas propias del crimen organizado, violando la Ley RICO de Estados Unidos. El caso, que combinó demandas por difamación y por extorsión, expuso durante el juicio una red de presiones judiciales, mediáticas y económicas contra la compañía minera.
Drummond y el fallo que desmonta años de acusaciones
El jurado determinó que Drummond debía ser indemnizada con 52 millones de dólares por difamación y 68 millones de dólares adicionales por los delitos contemplados en la Ley RICO. Esta última cifra, por disposición legal, se triplica automáticamente, lo que eleva la compensación total a cerca de 256 millones de dólares, una de las condenas civiles más altas de este tipo en casos empresariales recientes.
Durante el proceso judicial, la evidencia mostró que Collingsworth sabía —o al menos ignoró de forma imprudente— que las acusaciones contra Drummond no tenían sustento cuando fueron formuladas. Aun así, se enviaron cartas y comunicaciones a terceros, diseñadas para dañar la reputación de la empresa y afectar directamente sus relaciones comerciales.
Uno de los puntos más sensibles del fallo tiene que ver con la manipulación de testigos. El jurado concluyó que se realizaron pagos no revelados por más de 400.000 dólares a personas como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, conocido como alias El Viejo Miguel, con el fin de obtener testimonios favorables a las demandas contra Drummond. Estas prácticas fueron clave para que se configuraran delitos como soborno de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
El fallo también alcanzó a otros actores vinculados a la estrategia judicial, entre ellos el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, quienes fueron hallados responsables bajo la Ley RICO como parte de una conspiración más amplia.
Para la defensa de Drummond, el veredicto tiene un valor que va más allá de lo económico. Trey Wells, abogado principal del caso, señaló que la decisión confirma lo que la compañía ha sostenido durante décadas: que no ha tenido vínculos con organizaciones armadas ilegales y que fue blanco de narrativas construidas con información falsa.
Los documentos del juicio revelan que la estrategia contra Drummond no se limitó a los tribunales. También incluyó campañas mediáticas en Estados Unidos, Colombia y Europa, que amplificaron las acusaciones y prolongaron el daño reputacional.
Tras el fallo, Drummond reiteró que continuará operando bajo los marcos legales de Colombia y con estándares de integridad, en un contexto en el que este caso marca un precedente sobre el uso de la justicia y la opinión pública como herramientas de presión contra empresas multinacionales.
