Duque acierta parcialmente con las objeciones a la JEP

EDITORIAL

El debate se debe dar netamente en el terreno jurídico, alejado completamente del ideológico o político, pues lo que es responsable con el país se tiene que tramitar a través del primero y no de las conveniencias políticas.


El país sigue polarizado a pesar de los esfuerzos que ha hecho el presidente Iván Duque por eliminar dicho fenómeno. Para algunos importantes analistas políticos de toda la historia, la polarización es simplemente un elemento más de cualquier sistema democrático, incluso algunos señalan que este fenómeno es una buena señal de que hay democracia, pues hay deliberación, debate público, existe la posibilidad de confrontación de tesis o ideas que fortalecen el argumento en las decisiones que se tomen para beneficio o detrimento de los ciudadanos de una nación.

Los resultados están al alcance. Uno es el plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el cual el No se impuso en ese referendo, luego en las elecciones presidenciales el candidato Iván Duque, quien venía de hacer serios reparos al proceso de paz con las Farc gana la Presidencia por encima del candidato que defendía tal y cual el proceso de paz que se había negociado con las Farc, de manera que como presidente hay dos resultados democráticos de constituyente primario, dos decisiones soberanas sobre dicho tema.

Lo cierto es que los colombianos demostraron con esas decisiones que no estaban de acuerdo con lo que se había negociado con las Farc. Esgrimían que podía existir impunidad, injusticia, indulto de terroristas y sobre todo una premiación a quienes castigaron a Colombia durante más de 50 años con baños de sangre, secuestros, extorsiones, entre otros vejámenes que sufrió la sociedad colombiana.

El presidente Duque es prudente y respetuoso en la decisión que ha tomado, pues se le pedía al mandatario que objetara todos los artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, pero no fue así y ha sido muy claro en la alocución de la noche del domingo pasado en la que anunció la objeción de seis artículos de esta ley argumentando que existe una inconveniencia en su aplicación.

Desde esta tribuna, le recomendamos a quienes están hablando de un irrespeto a la separación de poderes o de una actuación ilegal del presidente Duque, que si son abogados devuelvan el cartón o que si están estudiando vuelvan al primer semestre de carrera, pues una cosa es objetar por inconveniencia y otra por inconstitucionalidad. Una ley puede ser constitucional pero puede ser considerada inconveniente por el presidente de turno y para eso están las facultades creadas que deben ser usadas por el jefe de Estado. De tal manera pues que el presidente Duque no se equivoca en ningún momento al argumentar que existe inconveniencias en esos seis puntos para el país.

Si revisamos cada uno de los artículos, el primero de ellos es el que origina la duda o temor de la no claridad sobre la obligación principal que tienen los victimarios para reparar integralmente a las víctimas. Es que no se entiende en ningún país decente del mundo que quienes cometieron decenas de delitos que violaron el código penal de principio a fin, no reparen a sus víctimas.

En segundo lugar, se habla del alcance de la competencia atribuida a alto comisionado de paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como grupos armados que someten a un proceso de paz. Esto es extremadamente peligroso, pues ya hemos conocido los casos de colados, de la venta de cupos por parte de grupos ilegales que han hecho su diciembre vendiendo franquicias o brazaletes para que reconocidos y puros narcotraficantes se mezclen como actores políticos en los procesos de negociación que se adelanten con el Gobierno.

Tercero, tampoco son claras las labores que podría adelantar la Fiscalía General de la Nación. El presidente Duque tiene toda la razón al argumentar que esto va en detrimento de cada uno de los intereses, necesidades y situaciones particulares de las víctimas. Además, se está omitiendo toda la capacidad de actuación que tiene la Fiscalía General de la Nación. También es necesario que para evitar impunidad y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas aclarar cada una de las investigaciones que se adelanten contra exintegrantes de grupos guerrilleros.

Quizá uno de los más graves, sino es el más, es la objeción en el punto en el cual se habla tácitamente y sin ruborizarse sobre el papel del Estado en donde renuncia a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad; eso es extremadamente grave. En el artículo 50 se habla de la extradición de los guerrilleros que incurrieron en conductas delictivas después de la firma del acuerdo de paz, donde se considera que existe un vacío y el caso más conocido es el de alias ‘Jesús Santrich’. Ahora, esto perjudica de manera tajante toda la cooperación judicial de Colombia con países como Estados Unidos, algo que es sumamente grave sobre todo cuando Colombia está pidiendo recursos para combatir el terrorismo y el narcotráfico que asecha a nuestro país.

Por último, el artículo 153, también objetado, se condiciona de forma axiomática la extradición al ofrecimiento de la verdad, lo cual no es más que una salida fácil y un chantaje donde dice que si el victimario colabora y cuenta una o dos cosas se suspende o dilata el proceso de extradición.

Insistimos que el presidente Duque tiene toda la razón y todo el derecho de haber llevado a cabo las anteriores objeciones. Creemos que se quedó corto y que fue demasiado diplomático y respetuoso. No entendemos cómo cuando la mayoría de los colombianos han rechazado el terrorismo y los delitos que han cometido las Farc, hoy se esté hablando de programar plantones y marchas para salir a defender al ahora partido político. En definitiva, Colombia a veces tiene la suerte que se merece.