La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno ecuatoriano confirmara un aumento sustancial en la tarifa que paga Colombia por el transporte de su crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote). El costo pasó de 3 a 30 dólares por barril, una decisión que representa un incremento del 900% y que se da en medio del reciente cruce de medidas económicas entre ambos países.
La información fue confirmada por la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, quien explicó que la nueva tarifa entró en vigencia el pasado viernes y responde a un principio de “reciprocidad” frente a las decisiones adoptadas por el Gobierno colombiano, entre ellas la suspensión de la venta de energía eléctrica.
Aumento del 900% en la tarifa del Sote agrava la tensión comercial entre Colombia y Ecuador
Inicialmente, la funcionaria había señalado que el ajuste se aplicaría al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro gran sistema de transporte de petróleo del país. Sin embargo, este lunes precisó que la medida afecta directamente al Sote, infraestructura operada por la empresa estatal Petroecuador y utilizada por Ecopetrol para movilizar crudo desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico ecuatoriano, desde donde es exportado.
Manzano sostuvo que Ecuador presta un “servicio estratégico” al permitir el tránsito del petróleo colombiano por su territorio, razón por la cual, según dijo, el nuevo cobro busca reflejar el valor de esa operación logística. En contraste, el OCP continuará transportando crudo perteneciente a compañías privadas colombianas, que no se verán impactadas por esta decisión específica.
El aumento tarifario se produce en medio de una escalada diplomática que comenzó la semana pasada, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la imposición de una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones procedentes de Colombia. El mandatario argumentó que la medida obedece a una supuesta falta de cooperación de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la zona fronteriza.
Noboa señaló que el arancel se mantendrá vigente hasta que exista un compromiso conjunto más firme para enfrentar las economías ilegales que operan en ambos lados de la frontera. La decisión generó una rápida reacción del Gobierno colombiano, que respondió con un gravamen similar del 30% a veinte productos ecuatorianos y con la suspensión de la venta de energía al país vecino.
En medio de este escenario, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó que Colombia propuso una reunión bilateral para el próximo 25 de febrero con el fin de abordar el conflicto comercial. No obstante, desde Quito se planteó adelantar el encuentro para esta misma semana, aunque hasta el momento no se ha hecho pública una fecha oficial.
El contexto comercial entre ambas naciones ya venía mostrando desequilibrios. De acuerdo con cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, en 2024 el comercio no petrolero dejó un saldo negativo para Ecuador de 919 millones de dólares, con importaciones que superaron ampliamente a las exportaciones. Entre enero y noviembre de 2025, el déficit se ubicó en 852 millones de dólares.
El incremento en la tarifa del Sote añade presión a la relación bilateral y podría impactar los costos logísticos del petróleo colombiano, en un momento marcado por la volatilidad del comercio regional y la necesidad de recomponer los canales diplomáticos entre ambos gobiernos.
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