El Gobierno nacional tiene toda la entereza para afrontar la situación; sin embargo, los crímenes que acechan la tranquilidad del país aparentemente han migrado de un sector a otro. Pasamos del asesinato de líderes de la izquierda colombiana a personas que militan en la derecha, pero al parecer, estos últimos importan menos.
Editorial
Es doloroso tener que abordar un tema como estos y más aún plasmarlo en un editorial, pero es realmente grave lo que está pasando en esa Colombia profunda, en ese país en donde las personas que viven en ciudades capitales son las que poco conocen la real situación del país, pero miran con desdén y altivez desde frías oficinas, hacen conjeturas de lo que pasa o no pasa para aventurarse a sacar conclusiones desde miles de kilómetros de donde ocurren los hechos.
Es cierto que ocurrió un fenómeno de asesinatos a personas que militaban en el espectro ideológico de izquierda y estos ocasionaron toda clase de marchas, despliegues publicitarios, esfuerzos extremos del Gobierno, campañas en los medios de comunicación, discursos, debates, etc., algo que desde todo punto de vista era totalmente comprensible y necesario de hacer.
Sin embargo, llama la atención que a ese país que está en el estado de opinión, para algunos dirigentes de medios, políticos, e incluso el mismo Gobierno, más allá de que nos les duela o no les importe el asesinato en estas elecciones de candidatos que están en la centro derecha en partidos como el Conservador, Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical, entre otros, no tengan la misma preponderancia.
Hagamos un paralelo. Si por ejemplo, ese cruel acto terrorista del que fue víctima la candidata del partido Liberal, Karina García, hubiese sido una víctima del Polo, la UP o las Farc, con toda seguridad hubiéramos tenido una condena internacional por alguna ONG.
Pero no, hoy son varios los candidatos de derecha que están amenazados y que han sido asesinados en departamentos como Antioquia o Cauca, pero nada ha pasado. Preocupa entonces que por una timidez del Gobierno, que es timorato para muchos asuntos, al tratarse de políticos de derecha les dé temor brindarle mayores garantías o hacer reclamos a nivel nacional.
Al parecer están intimidados por la izquierda y queda la sensación de que solamente los muertos de un sector son los que importan. Esto es totalmente lamentable y en Colombia no pueden existir víctimas de primero o segundo grado; suficiente tenemos con los victimarios, pero no podemos caer en el juego de tener víctimas más importantes que otras.
El Estado tiene la obligación y el deber de brindarle garantías y protección a todo candidato que se compruebe que esté amenazado. El Gobierno debe hacer el fuerzo y debe revisar este tema para recomponer los esquemas de seguridad.
Además, tienen que quitarle esquemas de seguridad a quien no lo necesita, pues son varios los funcionarios que tienen asignados esquemas y no los necesitan, sobre todo en Bogotá, en donde las personas están más en la farándula y no en actividades de riesgo, cuentan con numerosos escoltas.
En ese sentido, hacemos un llamado al ministerio de Defensa, la UNP, la Presidencia de la República y la nueva jefa de gabinete, María Paula Correa, que es un mujer sensata, inteligente, responsable; que es una mujer que le habla al oído al presidente y que sabe lo que pasa en el país, para que aliente más a Iván Duque, sus ministros y a todo el gabinete, para que velen por la protección de todos los entornos democráticos de los candidatos y se acabe esa distinción en las víctimas y amenazas.
Tanto la gente de izquierda como de derecha, merece la misma protección, cuidados, atenciones por parte de los entes gubernamentales. Se debe acabar esa temible distinción de tener muertos más y menos importantes.
Está comprobado que las Farc están asesinando a candidatos que no piensan igual que ellos, que no son como ellos o critican de una u otra forma la situación actual con esa guerrilla. Ya van tres muertos por culpa de este grupo terrorista.
Las Farc tienen que ser bombardeadas, abatidas y deben ser totalmente fulminadas de este país. El Estado no puede tener vacilación en ese aspecto.