La decisión tomada por el Gobierno del presidente Iván Duque tiene para analizar tanto de largo como de ancho, las dos posiciones, quienes están a favor y quienes están en contra, tienen argumentos muy válidos pero más allá de eso hay que tomar los datos y la realidad del terreno puntual, y no hablamos de las ciudades principales del país, hablamos de los 32 departamentos de Colombia.
EDITORIAL
No ha pasado más de una semana en que hayamos registrado hechos lamentables en Buenaventura, no solamente las organizaciones criminales sino también los carteles de corrupción; se han apoderado de distintos departamentos que siguen estando aislados del desarrollo parcial que ha tenido el país en frentes económicos, políticos, sociales y de infraestructura.
Hace meses tuvimos un desastre natural en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aún estos territorios no se reponen y ni mencionar la situación de departamentos como el Chocó, Putumayo, Cauca y Arauca. Podríamos hacer diez editoriales sobre la situación de estos departamentos, sobre las deudas que existen con estos, sobre cómo la centralización ha sido un factor de detrimento para los demás departamentos. Si bien, y en buena hora, las ciudades intermedias han logrado posicionarse y han tenido una capacidad de regeneración en los últimos diez años a través del emprendimiento, del turismo y de sectores industriales que han aportado para equilibrar la balanza en algo, sigue estando más de la mitad del país en condiciones poco favorables para una vida digna.
Las cifras son muy claras. Proyecciones de ANIF sobre el desempleo para este año indican que pueden variar entre 14.5 % y 15 %; la tasa de desempleo de nuestro país cerró en 15.9 % en el 2020 con 19.84 millones de ocupados. El mes diciembre registró un desempleo de 13.4 %, y aún tenemos a más del 50 % del país en la informalidad, el último mes del año pasado nos dejó con una triste cifra de 900.000 nuevos desempleados y más allá de eso, Colombia lamentablemente se acostumbró a vivir con esas cifras superiores al 50 % en la informalidad. Para la OCDE, el desempleo en Colombia puede ser del 11.1 % en este 2021 y es que cerraron centenares de empresas en todo el país y miles tuvieron que reajustarse en sus plantas, en sus gastos y por ende tener que despedir a empleados.
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La migración venezolana no se frena con una legalización, esta difícilmente va a cambiar su dinamismo por sí sola mientras Nicolás Maduro esté en el poder de la forma en que lo ha hecho y también esto demuestra un claro fracaso del Gobierno Nacional que anunció con bombos y platillos y realizó conciertos en la frontera que Maduro tenía sus días contados, y que el cerco diplomático estaba por sacar al dictador. Ni Guaidó sirvió, ni el cerco, pero tampoco se cumplió lo de los días contados.
Con base en esto, legalizar a más de 1.5 millones de venezolanos que están en el país de manera irregular, que para algunos analistas consultados por este medio puede superar fácilmente la cifra de dos millones, va a traer consecuencias económicas delicadas para el país, pues van a poder acceder y hacer pretensiones en temas de salud y educación, entre otros. Ya el Gobierno Nacional anunció una reforma tributaria para este mes de marzo. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para atender a los migrantes venezolanos legalizados? Si no estamos ni siquiera listos para seguir adelante con los impuestos actuales para los colombianos, ¿el Gobierno de dónde va a sacar el dinero para la nueva población que llega?
Lastimosamente los venezolanos que llegan a nuestro país, en su mayoría, no lo hacen para crear una empresa, lo hacen para buscar un empleo. Quienes eran más pudientes en este país, unos han permanecido porque son enchufados del Gobierno Maduro u otros han viajado a la Florida, en Estados Unidos, y a España, por lo cual, esa cifra de desempleo que tenemos superior al 13 % es para ellos una mala noticia porque van a tener más competencia, ahora legalizados, y claramente con disposición a cobrar menos por las labores, lo cual será algo muy tentador para las empresas que siguen buscando reducir costos en medio de las consecuencias que nos deja la pandemia.
Las migraciones son bien vistas por el mundo, y así se ha demostrado en las últimas horas con felicitaciones desde varios países y desde varias organizaciones al Gobierno de Colombia, pero queremos hacer un llamado a la sensatez: si países tan fuertes como Alemania no han podido con las migraciones, ¿cómo Colombia, que es un país tan frágil, pretende acoger a más de 1.5 millones de venezolanos?
Es loable y cargada de buenas intenciones esta decisión pero también es claro que supone retos inimaginables para este Gobierno que va de salida, en términos económicos supone la necesidad de hacer magia con las cuentas fiscales y uno espera que por lo menos las personas que medianamente son productivas en el país no sean quienes tengan que sobrecargar con los sobrecostos de esta decisión en materia tributaria.
Por último, es necesario que las autoridades tanto para colombianos como para no colombianos sean implacables a la hora de combatir el crimen. Que se garantice una armoniosa integración de los nuevos ciudadanos que tiene Colombia sin señalar que van a tener derecho a un voto, son personas que van a tener un permiso de diez años (hasta el 2031); ojalá este país tenga la capacidad de renacer, mejorar y regenerarse a pesar de tantas dificultades. Ojalá también que el Gobierno salde las deudas históricas con tantas regiones que han estado olvidadas, que nunca han sido intervenidas y que no tienen calidad de vida.