La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, emitió un informe anual sobre diferentes prácticas de Derechos Humanos en el 2021 y señaló que la Fuerza Pública de Colombia habría torturado civiles.
Por: Redacción 360 Radio
El documento abarca diferentes situaciones ilegítimas en el actuar de la Fuerza Pública y señalaron la vulneración de los derechos de la población por parte de los grupos armados que recurrían al reclutamiento y otras dinámicas de guerra.
“Las cuestiones importantes de Derechos Humanos incluyeron informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tortura y detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados; violación y abuso de mujeres y niños”.
En medio del paro nacional del año pasado, evidenciaron las denuncias en contra de las autoridades. Aunque el Gobierno del presidente Iván Duque les dio prioridad a algunos casos, muchos de estos no cobraron relevancia necesaria.
LEER TAMBIÉN: Nación enfrenta demandas por $180 mil millones por militares acusados de abuso sexual
De acuerdo con el Departamento de Estado, “los miembros del Ejército y la policía acusados de tortura generalmente fueron juzgados en tribunales civiles en lugar de militares. Las ONG, incluida Human Rights Watch, informaron que la policía golpeó y agredió sexualmente a los manifestantes durante las protestas nacionales de abril a junio”.
“Otras ONG proporcionarán estimaciones más altas de detenciones arbitrarias, reportando más de 2.000 casos de arrestos arbitrarios, detenciones o privaciones ilegales de libertad cometidas en el contexto de las protestas nacionales”.
En el documento también hicieron referencia a posibles casos de falsos positivos. “Se acusó al Ejército de algunos asesinatos, algunos de los cuales, según los oficiales militares, fueron “errores militares”. En otros casos, los oficiales militares dijeron que creían que un individuo luchaba en nombre de un grupo armado, mientras que los miembros de la comunidad dijeron que la víctima no era un comandante. El 2 de marzo, el Ejército bombardeó un sitio de disidentes de las FARC en Guaviare y reportó la muerte de 13 de disidentes de las FARC”.
También precisaron que diferentes ONG, medios de comunicación y población civil, señalaron al Estado por diferentes amenazas u hostigamientos en la temporada de protestas. “Las ONG y los periodistas denunciaron un aumento del hostigamiento y las amenazas por parte de los funcionarios estatales, incluido los policías, durante la cobertura de las protestas dentro del país”.
“La violencia y el acoso, así como la criminalización de la difamación, inhibieron la libertad de prensa, y el Gobierno influye con frecuencia en la prensa, en parte a través de sus grandes presupuestos publicitarios.