El proceso judicial contra Nicolás Maduro en EE. UU. dio un giro inesperado luego de que el Departamento de Justicia admitiera que el llamado ‘Cartel de los Soles’ no opera como una organización criminal estructurada, tal como se sostuvo durante años en la narrativa oficial. La aclaración, realizada en el marco de la primera fase del juicio, obligó a los fiscales a recalibrar uno de los ejes centrales de la acusación.
Durante más de un lustro, las autoridades estadounidenses habían presentado al ‘Cartel de los Soles’ como una red jerárquica dedicada al narcotráfico y liderada desde las más altas esferas del poder en Venezuela. Sin embargo, en la actual etapa judicial, la Fiscalía reconoció que el término no describe una organización formal con mando unificado, lo que debilita la arquitectura jurídica con la que se construyó el caso.
Fiscalía de EE. UU. ajusta su acusación contra Maduro y debilita uno de los ejes del proceso
El cambio de postura se produce en un momento particularmente sensible, no solo por las implicaciones legales, sino también por su impacto político. En sectores opositores dentro de Estados Unidos ha cobrado fuerza la tesis de que la acusación contra Maduro fue utilizada como argumento para justificar una intervención en Venezuela, más allá de la lucha contra el narcotráfico. Esa narrativa se ha visto reforzada por declaraciones recientes del presidente Donald Trump, quien tras la captura del mandatario venezolano dejó de mencionar al ‘Cartel de los Soles’ y pasó a hablar abiertamente del interés de Washington en acceder a los recursos energéticos del país sudamericano.
Para dimensionar el alcance de esta rectificación, es clave revisar el origen del concepto. La figura del ‘Cartel de los Soles’ apareció en la década de 1990 en medios venezolanos como una forma de referirse a militares y funcionarios acusados de facilitar el tránsito de drogas. No se trataba, según especialistas en crimen organizado, de una estructura equiparable a los grandes carteles latinoamericanos, con jerarquías definidas y control territorial.
Pese a ello, en 2020 un gran jurado estadounidense incorporó ese término en una acusación formal contra Maduro, presentándolo como el jefe de una organización criminal. La tesis recobró fuerza en 2025, cuando el Departamento del Tesoro designó al ‘Cartel de los Soles’ como grupo terrorista y el Departamento de Estado de EE. UU. replicó esa calificación, aumentando la presión diplomática y legal contra Caracas.
El reconocimiento actual de que la denominación no describe una organización real expone las debilidades conceptuales sobre las que se construyó parte del expediente. Para los analistas, esto no implica que se desmonten todas las acusaciones por narcotráfico, pero sí cuestiona la validez de presentar al gobierno venezolano como una sola estructura criminal articulada.
En términos judiciales, la Fiscalía ahora enfrenta el desafío de sostener el caso sin una de sus piezas simbólicas más potentes. En el plano político, la rectificación añade un nuevo elemento a un debate ya cargado de tensiones geopolíticas, en el que se cruzan intereses de seguridad, justicia y recursos estratégicos. El juicio contra Maduro, lejos de cerrarse, entra así en una fase marcada por mayores interrogantes sobre cómo se construyó la narrativa que lo llevó hasta los tribunales estadounidenses.
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