Duque informó que instruyó a Hacienda para que “construya un nuevo texto [de reforma tributaria] con el Congreso, que recoja el consenso”. Acordar con los partidos de la coalición del Gobierno se tenía que haber hecho antes de desatar el incendio.
Por: Rafael Nieto Loaiza
Por falta de olfato político, por desconexión con el malestar por la crisis de la pandemia, por soberbia o por exceso de confianza en su capacidad de maniobra en el Congreso, no lo hizo. Y las consecuencias con devastadoras.
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Insisto en que la reforma es inoportuna: los micro y pequeños empresarios y los ciudadanos de a pie apenas empiezan a sacar cabeza y en nada ayuda cualquier aumento de impuestos; discutir sobre nuevos tributos cuando lo que más se necesita es inversión, solo genera incertidumbre e inseguridad jurídica; y no tiene sentido asumir los costos políticos de una tributaria para que sea otro el gobierno que recoja los frutos de la misma. Y es inconveniente: la ciudadanía no quiere ni oír hablar de nuevos impuestos cuando percibe que el Estado es ineficiente y corrupto; no se le puede seguir metiendo la mano al bolsillo al ciudadano sin antes hacer una juiciosa tarea de ahorro y austeridad y un cuidadoso estudio sobra la naturaleza y calidad del gasto público; y, lo más importante, lo que se requiere es una reforma pensada para fomentar el crecimiento y el empleo y no más subsidios.
Es cierto que es contradictorio que quienes apoyaron el pacto con las Farc estén atacando una reforma que busca recursos para cumplir con los billonarios compromisos ahí acordados. Y es verdad que es una ironía que la izquierda se haya venido en contra de una reforma que está muy alineada con sus propuestas. Ahí están más gasto público, la renta básica y la gratuidad universitaria para estratos 1, 2 y 3, por ejemplo. Pero la izquierda nunca va a aplaudir estas iniciativas salvo que vengan de ella misma.
Mucho más preocupante, el Estado parece atrapado por el temor a decisiones judiciales arbitrarias que se alinean con la anarquía y la violencia. La Policía se ve maniatada y algunos uniformados prefieren dejarse matar a hacer uso de la fuerza legítima. La inseguridad jurídica los carcome. Y el ciudadano se siente impotente y asustado al ver que sus derechos y bienes no son protegidos.
Hay que recuperar la autoridad, la seguridad y el orden. Sin ellos no hay futuro. En el 22 nos jugamos el pellejo.