El sistema financiero colombiano ha encendido las alarmas ante lo que describe como una preocupante sofisticación en las tácticas para evadir responsabilidades con los bancos. Durante el transcurso de esta semana, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) denunció públicamente el auge de una estructura denominada el «cartel de la insolvencia», un esquema diseñado para instrumentalizar de forma irregular los beneficios de la Ley de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante.
Aunque esta herramienta legal fue concebida como un «salvavidas» para ciudadanos en crisis económica real, el gremio advierte que está siendo utilizada de mala fe para borrar deudas sin que exista una verdadera incapacidad de pago.Según el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, se han detectado patrones sistemáticos que evidencian la operación de redes organizadas. Estas estructuras, integradas por abogados y asesores inescrupulosos, estarían promoviendo a través de redes sociales servicios para «desaparecer deudas» mediante la fabricación de escenarios de crisis.
Por qué el abuso de la insolvencia podría dificultar su próximo préstamo bancario
«Se han identificado situaciones recurrentes donde se crean deudas ficticias con bancos con el único fin de cumplir los requisitos legales para acceder al proceso de insolvencia», señaló el gremio en su comunicación oficial.
Entre las irregularidades más críticas reportadas se encuentran: Inclusión de acreedores falsos: Personas que aparecen en múltiples procesos de insolvencia simultáneamente, actuando como supuestos prestamistas privados para inclinar las votaciones en las mesas de conciliación. Coordinación con centros de conciliación: Indicios de connivencia entre ciertos abogados y centros autorizados para agilizar trámites que no cumplen con el rigor de la ley. Ocultamiento de activos: Estrategias para traspasar bienes a terceros antes de declararse insolventes, simulando una quiebra total.
La preocupación no es solo ética, sino económica. El sector financiero estima que el impacto de estas prácticas fraudulentas se acerca al billón de pesos. No obstante, las consecuencias van más allá de los balances de los bancos; afectan a las empresas Fintech, al sector cooperativo, a proveedores de telecomunicaciones y, en última instancia, al ciudadano de a pie.
Cuando el fraude en la insolvencia se masifica, el riesgo crediticio del país aumenta. Esto se traduce en una restricción del acceso al crédito y un posible encarecimiento de las tasas de interés para quienes sí cumplen con sus obligaciones. El sector financiero advierte que, si no se frena este abuso, el costo de la deshonestidad lo terminarán pagando los ahorradores y aquellos que buscan préstamos legítimos para vivienda o educación.
El sector bancario fue enfático: la insolvencia no es una estrategia de planificación financiera para evitar pagar, sino un recurso de última instancia para la rehabilitación económica. Aquellos que opten por el camino del engaño se enfrentan ahora a un panorama judicial severo.
Asobancaria anunció que ya se adelantan las gestiones para interponer denuncias penales contra los cabecillas de estas redes y contra los deudores que presenten información falsa ante la justicia. Las sanciones con bancos pueden ir desde multas económicas considerables hasta penas privativas de la libertad por delitos como fraude procesal y falsedad en documento.A pesar de la reciente actualización normativa con la Ley 2445 de 2025, que buscaba dar mayor claridad a los procesos para pequeños comerciantes y personas naturales, el debate sobre la necesidad de mayores controles está más vivo que nunca. El reto para las autoridades y las centrales de riesgo será fortalecer el seguimiento a los procesos de conciliación para separar a quienes necesitan una segunda oportunidad de quienes buscan, simplemente, defraudar al sistema.
Lea también: Dólar a la baja: mercados aguardan con cautela el reporte de inventarios de crudo en EE. UU
