EDITORIAL
Se ha suscitado una fuerte controversia y debate nacional sobre la legalidad y por consiguiente, el destino de la información sobre los ciudadanos que las administraciones municipales de Bogotá y Medellín han recaudado o quieren recaudar, para el manejo de la pandemia en sus ciudades.
Teniendo como base algunos casos como el de Corea del Sur, uno de los más exitosos del mundo, dónde aun el gobierno sigue controlando una segunda ola de contagiados con coronavirus, las aplicaciones de rastreo han encendido las alarmas por cuenta de lo que puede ser el suministro de información personal a los gobiernos, quienes han indicado, que es la forma de saber a dónde van las personas, con quién están, si están enfermos, qué síntomas tienen, si existe tienen preexistencias o morbilidad, si tienen síntomas de gripe o cualquier otra clase de afección en su salud, y fuera de eso, entender y avisar a los demás dónde haya casos de coronavirus, para que tomen las debidas precauciones.
Ese rastro digital no ha generado mayor controversia en países como Corea del Sur o Taiwán. En Francia, donde hay más de 27.000 muertes, también se ha generado el debate ya que muchos estaban en contra de entregar esa información.
El temor de las personas en Colombia es que la información que suministran pueda ser usada con fines comerciales, teniendo en cuenta que son datos exactos, concretos y perfiladores, por lo que cualquier empresa pagaría lo que fuera necesario por una base de datos así de sólida y actualizada, y los ciudadanos quedarían expuestos a una violación de su intimidad.
Peor aún, que sea para campañas futuras de los políticos, y desde luego, hay otros que van más allá y recalcan que es temeroso el hecho de que puedan activar cámaras o micrófonos en cualquier momento en sus dispositivos para escuchar que hablan, entendiendo el alto nivel de corrupción que hay en Colombia y en muchas de sus entidades.
Corea del Sur tuvo un rebrote en la primera semana de mayo, dónde salieron a buscar a 5.000 personas, y hubo 35 nuevos casos. Esto era un grave riesgo para la etapa que estaban enfrentando, así que, por medio de la aplicación que tienen, pudieron saber que 5.517 personas que visitaron los cinco locales nocturnos afectados eran las que estaban en riesgo.
Sólo pudieron localizar a 2.405 personas para el aislamiento y diagnóstico. A 1.982 no las encontraron porque eran establecimientos ligados a la comunidad LGBT, que en ese país son fuertemente discriminados. Las autoridades surcoreanas enviaron un mensaje SMS a todos los números del país pidiendo que aquellos que visitaron a los cinco establecimientos en esas fechas, se sometieran las pruebas PCR y se aislaran 14 días.
Particularmente en Colombia las personas se han opuesto, en su mayoría, a registrar la información. Según Víctor Muñoz, alto consejero presidencial para asuntos económicos y transformación digital, apenas un poco más de 9 millones de personas han descargado la aplicación CoronaApp, donde se consigna la información personal con el fin de evitar la propagación del coronavirus.
Otros ejemplos de países que han monitoreados a sus ciudadanos para prevenir la propagación de virus son: Singapur, pionero en este tipo de aplicaciones después de su situación con el SARS (Síndrome respiratorio agudo grave) y China, donde accedieron al GPS de las personas.
El dilema en Colombia es qué tanto de libertad cede la persona sobre su privacidad para entregar la información y localización al Estado acerca de su día a día. Los gobernantes, en este caso, Claudia López y Daniel Quintero, han dicho reiteradamente que es necesario e imperante el uso de la tecnología para poder luchar contra la pandemia.
Según el alcalde Quintero, “la información es una herramienta poderosa, hay casos terribles en el mundo en el que ha sido usada con fines perversos, por eso nos tomamos muy en serio la forma en cómo se consigue y se administra la información. Medellín ajusta cerca de mes y medio sin fallecimientos por Covid-19”.
El mandatario de los medellinenses les pidió a las personas apoyar a Claudia López en el uso de la tecnología, de lo contrario, sin información es imposible enfrentar la pandemia.
Por su parte, la alcaldesa del Distrito ha hecho énfasis en que es inconcebible que las personas le entregan información a Google y Facebook, pero para velar por el cuidado de todos los demás, no quieren colaborar.
“Compartir información voluntaria nos puede ayudar mucho en organizar movilidad biosegura y cuidado epidemiológico ahora que más gente saldrá, pero debe ser voluntaria, ceñida al Habeas Data y estricta protección de información”, dijo.
La conclusión para muchos abogados consultados por 360 Radio, es que será una medida inconstitucional y la Corte la puede tumbarla porque agrede potencialmente la libertad de las personas.
Cada ciudadano es libre de registrarse o no en estas plataformas. En este medio de comunicación queremos resaltar la importancia de la colaboración ciudadana, velar y confiar en las autoridades porque los datos suministrados sean cuidados con extrema reserva. Las autoridades deben colaborar para que esto se cumpla, porque no hay duda de que si las administraciones logran saber en dónde están las personas, dónde hay un infectado, con quién estuvo, a dónde se dirigió, habrá una mejor manera de controlar esta pandemia.
Nos están pidiendo por primera vez en la vida una información para cuidarnos, no para ser parte de una red social. Es decisión personas estar o no estar, pero ante una situación como la actual, sí vale la pena arriesgar un poco de privacidad y libertad para mantener bien la economía y la salud del país.