El decreto de la movilización campesina está bajo la lupa de la Procuraduría

De la misma manera, la Procuraduría afirmó que, si bien el Gobierno Nacional explicó que el decreto aborda el derecho a la agrupación y movilización de los campesinos, en el decreto no se evidencia así, como está consignado en el artículo 38 de la Constitución.

Por esas razones, para la Procuraduría explica que es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular, para un sector específico de la Nación, unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto a los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio.

Adicionalmente, les queda la duda si el Gobierno destinará recursos para la participación de los campesinos en movilizaciones, pues el texto indica que “todas las entidades de todos los Sectores Administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.

Por lo tanto, la Procuraduría exhorta al Gobierno Nacional a garantizar la protección de los derechos del campesinado a través de los canales institucionales existentes, con lo cual, por un lado, evitaría la multiplicidad de espacios que superen la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de acuerdos, y por el otro, avanzaría en la mejora de las relaciones sociales y en el fortalecimiento de la confianza institucional.