Para quienes no creen que sea cierto eso de que Petro ha debilitado a las Fuerzas Militares, un informe reciente de la Procuraduría debería serles suficiente para prender las alarmas: el Ejército tenía 244.000 efectivos cuando Petro asumió el poder y hoy solo tiene 167.000. Es decir, mal contados, son casi 80.000 soldados menos, una caída mayor al 30%. O sea, mientras las bandas armadas crecen y se enseñorean en regiones enteras como Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo, Arauca, Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo y muchas más, el Ejército se adelgaza.
Recordemos, además, que desde que llegó Petro al poder son más de un centenar los generales de Ejército y Policía que han pedido o se les ha exigido la baja. El número de coroneles retirados también es alto. Así, ¿quién va a proceder al arresto de Petro y su cofradía cuando este incurra en una violación extrema de la Constitución y la ley? Incluso, la falta de recursos técnicos que afecta a nuestras tropas es inquietante: la superioridad aérea ahora es de los delincuentes, sus drones son más letales que nuestros helicópteros varados por falta de mantenimiento. No por nada es que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, creó una tasa de seguridad para ese departamento, un impuesto para dotar a nuestros organismos de seguridad de cosas tan mínimas que necesitan para operar como botas, gasolina para las patrullas y las motos, colchones para el personal que debe pernoctar en las estaciones y mil etcéteras más.
El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y de Policía ha sido brutal. Será una de las primeras tareas que deba emprender el nuevo gobierno si Petro no da un zarpazo y se queda y continúa con el desmantelamiento del país. Tan solo el último mes nos ha traído noticias terribles para el futuro de Colombia. Además del atentado que mantiene en estado crítico a Miguel Uribe Turbay, el Gobierno se ha anotado dos logros nefastos como la reforma laboral y la reforma pensional.
La Corte Constitucional había devuelto esta última por vicios insubsanables de forma que en el pasado obligaban a un nuevo trámite. Ahora, esta Corte ha inventado nueva jurisprudencia en favor del gobierno Petro, dándole a la Cámara la posibilidad de incurrir en el mismo error, ratificando sin mayor discusión el texto que fue aprobado en el Senado. Es lo que ya habían hecho. ¿Quiere decir que la Constitucional va a devolverlo otra vez?
Pero, entrando en materia, sorprende que muchos defiendan esta reforma por la inclusión de un pilar solidario que le entregaría un bono pensional a tres millones de ancianos a pesar de que este tipo de subsidio se desembolsa hace más de 20 años y no requiere ninguna reforma para ejecutarse. Y lo peor es que el Gobierno pretende mejorar así las cifras de cubrimiento en pensiones cuando se trata apenas de un modesto bono de 228.000 pesos mensuales por anciano, que es tan solo una sexta parte de un salario mínimo que en la actualidad es de 1.423.000 pesos sin auxilio de transporte. ¿Será que el mes de un viejo dura menos de una semana como para llenarse la boca diciendo que le aseguraron una vejez digna a los ancianos de Colombia?
Pero, no es eso de lo único que se vanagloria el Gobierno con esta reforma. Tal vez, no muchos colombianos se hayan enterado del futuro que les espera a quienes estando en el Pilar Contributivo no alcanzan a cotizar las semanas que exige la ley y pasan a ser parte del Pilar Semicontributivo. Allí, en primer lugar, el Estado no les devolverá un centavo de sus aportes pensionales, como sucede hoy, y, en segundo término, les otorgará una renta vitalicia irrisoria, peor que el bono de los viejitos: a quienes hayan cotizado unas mil semanas, les puede corresponder una renta vitalicia de unos 100.000 pesitos mensuales. Toda una fortuna.
Solo estas dos reformas convertirán a Colombia en un país inviable en tres o cuatro años, y para evitarlo primero hay que sacar a Petro del poder.
Por: Saúl Hernández Bolívar – @SaulHernandezB
Del mismo autor: La constituyente de Petro