La crisis de seguridad en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes en 2025 por cuenta de los bandoleros. En lo que va del año, se han registrado 414 ataques contra la Fuerza Pública, con un saldo de 81 uniformados asesinados y 334 heridos, un aumento del 147 % frente al mismo periodo de 2024. Los secuestros, además, se han disparado en un 12 % y las víctimas en un 53 %. Este panorama refleja un país en el que la política de “paz total” ha debilitado la capacidad de reacción estatal, mientras los grupos armados imponen su ley en las regiones.
El secuestro masivo de 34 soldados de fuerzas especiales en Guaviare y la retención de 57 militares en El Tambo, Cauca, por civiles instrumentalizados por disidencias de las FARC, son hechos que no pueden normalizarse. Que decenas de hombres entrenados para combatir el crimen sean desarmados y retenidos por comunidades presionadas por los grupos ilegales envía un mensaje devastador: que el Estado está sometido, que la ilegalidad puede imponerse con acciones criminales y que secuestrar es un camino legítimo para obtener concesiones. Esa permisividad no solo erosiona la moral de la Fuerza Pública, también alienta a los violentos a repetir sus métodos.
La indignación es legítima: ¿qué puede esperar la comunidad si hombres entrenados para la guerra son sometidos de esa manera? El Estado no puede mostrarse débil frente a estas prácticas. “Eso no se puede tolerar”, dicen con razón las familias de los uniformados, que aunque agradecen que sus seres queridos sigan con vida, ven cómo el Gobierno los expone al desamparo. La solidaridad con los militares y sus familias debe ser el primer gesto, pero acompañada de acciones concretas para garantizar que nunca más se repita una humillación de este tipo.
Los grupos armados como las disidencias, ELN y Clan del Golfo han fortalecido sus estructuras hasta alcanzar cerca de 22.000 combatientes, un 45 % más que hace tres años. Han adoptado nuevas tecnologías como drones explosivos y carros bomba para atacar helicópteros y estaciones de Policía. El reciente derribo de un Black Hawk en Antioquia, que dejó 12 policías muertos, evidencia que ya no son bandas dispersas, sino ejércitos ilegales con capacidad de desafiar al Estado. En lugar de debilitarlos, la política gubernamental de diálogo sin condiciones claras ha terminado empoderándolos.
Colombia no puede seguir en esta espiral. “Nuestro próximo gobierno no puede permitirse eso, ni puede descuidar a la Fuerza Pública, dejarlos desprotegidos”, es el llamado que hoy resuena. La negociación con los bandoleros no puede ser la ruta, porque el mensaje que se transmite a la ciudadanía es que el delito paga. El Estado debe recuperar el control del territorio, proteger a quienes lo defienden y dejar claro que en Colombia no hay espacio para la instrumentalización de civiles ni para el secuestro como herramienta de presión. Cualquier otra postura será rendirse ante los violentos.
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