Muchos colombianos han cuestionado la idoneidad de Alexander Vega como registrador nacional, y más allá de la idoneidad, se ha cuestionado si tiene la capacidad ética y moral de ser un registrador que de garantías a todos y brinde unas elecciones transparentes.
Casi nadie en Colombia conoce cómo se escoge al nuevo registrador nacional y mucho menos se sabe quién lo puede remover o sacar de su cargo; ni siquiera el actual ministro de interior, Daniel Palacios sabía. Estas preguntas llegan como consecuencias de los malos actos, hechos que traen consigo incertidumbre en su actuar, pues a la larga nada queda oculto.
Por eso, y aunque al parecer tenían que ocurrir los hechos bochornosos del 13 de marzo, para que así el país se preguntara quién es el registrador, quién lo eligió y cómo se destituye. Hoy a pocas horas de las elecciones presidenciales nadie se atreve a cuestionar a los presidentes de las altas cortes que fueron quienes eligieron al exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), por el Partido de la U en su momento, como registrador nacional, quien alcanzó 738 puntos sobre los demás competidores.
El actual registrador obtuvo este puntaje en una «competencia» que duró tres meses y que finalmente son los presidentes del Concejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, quienes escogieron a Vega, quien aparentemente ya era el favorito antes del certamen.
Ahora bien, sobre Alexander Vega han reposado múltiples cuestionamientos y dudas por diversas denuncias que se han hecho desde sectores políticos, ciudadanos y académicos. Al día de hoy, Vega cuenta con varios procesos activos en su contra; desde acciones populares, demandas que buscan la nulidad de su elección, investigaciones disciplinarias y tormentas políticas que se han desatado en su entorno; entorno que lo mantiene bien alejado de la realidad del país, por algo ha desconocido peticiones, consejos y sugerencias que se le han hecho por parte de sectores que solo buscan que las elecciones salgan bien y hayan garantías, y sobre todo que se disipe esa nube de cuestionamientos que recaen sobre este registrador sobre que presuntamente beneficiará a una u otra campaña.
Vega, quien tiene unas compañías políticas altamente cuestionables ha tenido conflictos con otras dependencias del Gobierno; por ejemplo con Juan Daniel Oviedo del DANE, quien ha sido un funcionario público ejemplar, de los más ejemplares del gabinete Duque, y con quien existió una diferencia por el censo, específicamente por los muertos y los inmigrantes venezolanos. Aún así, este tema fue irrelevante para algunos colombianos, pero esto ya era una señal de alerta para la polémica situación que actualmente empañan las elecciones presidenciales.
Puesto que, ha habido una serie de inconvenientes que se pudieron evitar, desde la contratación de INDRA, hasta las relacionas altamente cuestionables que están bajo la lupa de la opinión pública con Thomas Greg & Sons.
Adicionalmente, hace unos días el Tribunal Superior de Cundinamarca señaló que una posible suspensión de Vega será decisión de la Procuraduría y confirma que hubo deficiencias en las elecciones del 13 de marzo y que deben ser corregidas, esto confirma que la capacidad de Vega para estar al frente de la Registraduría es precaria.
En el mensaje del Tribunal se señala, «hay varios elementos que en principio permiten afirmar que el registrador nacional del estado civil ha incurrido en amenaza y vulneración del derecho de interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y/o oportuna».
Sumado a lo anterior, luego de cinco semanas de las elecciones el registrador le sale al país con la noticia de que aparecieron más de 1.300.000 votos que no se habían contado, y que todos los votos que se perdieron le salieron a un mismo partido; el Pacto Histórico, algo que para muchos partiendo desde expresidentes, hasta ciudadanos, es de no creer.
Además, esta ha sido una Registraduría que intentó acallar a medios de comunicación de múltiples formas con pauta, con llamadas a políticos influyentes en los medios, magistrados y algunas cortes. Aunque, sin salir victoriosa, pues ha primado la labor de los medios al entender que el país y la salud de su democracia están en riesgo.
Si bien los delitos de sangre no tienen relación, ni son válidos en Colombia, la revisión 45801 de la sala de casación penal de la Corte Suprema, donde está el historial de campo de Elías Vega Goyeneche, padre del registrador actual, hay evidencia de que se condenó a este señor por compra de votos para favorecer a Wilson Ladino Vigoya, candidato a la gobernación del Vaupés.
Finalmente, la denuncia más reciente que se ha conocido es que a tan solo unos días de las elecciones presidenciales, distintas fuerzas políticas han señalado que la Registraduría no les está certificando, argumentando que la entidad no tiene la suficiente preparación para recibir la inscripción de los testigos. Entonces hay campañas como el Equipo por Colombia, quienes han tratado de inscribir cerca de 65.000 testigos electorales, pero la Registraduría solo ha aceptado un aproximado de 1.700. Lo mismo ha pasado con la campaña de la Centro Esperanza y con otras campañas independientes como la del ingeniero Rodolfo Hernández.
Procesos que no han sido fructíferos manos de Alexander Vega como registrador nacional:
- Si bien el registrador ha cometido una serie de errores de cara a las elecciones no son los únicos que ha cometido en el desempeño de su cargo actual, pues gastó cerca de 70.000 millones en un estudio para el registro civil en línea, en convenio con 472, aunque aún no se conoce el resultado de este.
- Pese a que la implementación de la cédula digital parecía que marchaba bien, aún es un proceso que necesita fortalecerse, pues no muchos colombianos la tramitaron y no todas las entidades la reciben y su masificación se ha visto trancada por falta de recursos.
- Una promesa que quedó en el aire hecha por parte del registrador fue la depuración del censo electoral, algo que al parecer tampoco sucedió, pues el DANE entre entregó un reporte de 1.300.000 personas fallecidas que no fueron sacadas del censo electoral.
- Prometió sacar el Código Electoral, pues lo único que se aprobó con este fue una burocracia a favor de los congresistas, pero no hubo un código que realmente resolviera los problemas de la democracia colombiana.
- Prometió cancelar 300.000 cédulas y registros civiles de venezolanos irregularmente hechos en Colombia, actualmente el país desconoce cuáles fueron los resultados de este proceso.
