No se puede decir de otra manera, por incómodo que resulte. Se trata de los mismos violentos de siempre. Grupos que, durante años, han instrumentalizado el fútbol como escenario para la agresión, el control territorial y la intimidación.
Frente a esa realidad, alcaldías y autoridades locales han desplegado con esfuerzo y, en muchos casos, con genuina intención, campañas pedagógicas, programas de convivencia y estrategias de construcción de confianza. Sin embargo, esas iniciativas han sido sistemáticamente superadas por una conducta violenta que no es esporádica ni circunstancial, sino reiterada y estructural.
El problema de fondo es que Colombia, una vez más, ha llegado tarde a enfrentar un fenómeno que exige decisiones firmes. En este tema, el rezago es evidente. Han pesado más los intereses particulares y la falta de autoridad que la protección del ciudadano común.
En cualquier país que asuma en serio la seguridad en el deporte, los estadios y los grandes centros de eventos contarían, sin excepción, con sistemas estrictos de identificación: verificación documental, trazabilidad de ingresos y mecanismos que permitan saber con claridad quién entra, quién ocupa cada espacio y bajo qué responsabilidades.
A esto se suma una medida básica que sigue sin aplicarse con rigor: la carnetización obligatoria de los hinchas por parte de los clubes. Ese debería ser el punto de partida. No obstante, la resistencia persiste por una razón evidente: el temor a romper relaciones de conveniencia entre organizaciones deportivas y algunas hinchadas.
En varios casos, estos grupos han acumulado un poder desproporcionado, al punto de condicionar decisiones, intimidar autoridades y sobreponerse a los propios clubes. Cuando eso ocurre, el orden institucional se diluye y el fútbol deja de ser una fiesta para convertirse en un problema de seguridad pública.
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