En el patio de armas del Batallón Paraíso, en Barranquilla, el presidente Abelardo De la Espriella entregó este 20 de agosto los grados que definirán el rumbo militar de Colombia en los próximos años. Frente a él, en posición de firmes, el mayor general Erick Rodríguez Aparicio escuchó cómo el jefe de Estado lo nombraba comandante general de las Fuerzas Militares.
Apenas once semanas antes, ese mismo oficial había sido retirado del servicio activo por decisión de la Presidencia, entonces ocupada por Gustavo Petro, después de denunciar, en un consejo de seguridad en el Meta, que las disidencias de las Farc estaban “carnetizando” campesinos para controlar comunidades enteras en Meta y Guaviare. Lo sacaron por decir lo que estaba viendo sobre el terreno. Once semanas después, queda al frente del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Junto a Rodríguez, el nuevo Estado Mayor Conjunto quedó en manos del mayor general Carlos Carrasquilla Gómez. El Ejército pasó al mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, con el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante. La Armada quedó a cargo del vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla. Y la Fuerza Aérea que recuperó su nombre histórico, FAC, en reemplazo de la denominación “Fuerza Aeroespacial Colombiana” adoptada por el gobierno saliente pasó al mayor general Juan Jaime Martínez Ossa.
Según reportó El Tiempo, la reorganización saca de la línea de mando a al menos 25 generales y almirantes de la era Petro, entre ellos el saliente comandante general, Hugo Alejandro López Barreto, y el comandante del Ejército, Royer Gómez Herrera. Se trata de una de las mayores modificaciones de la cúpula militar colombiana en más de una década.
El caso de Rodríguez no es una anécdota decorativa: es la prueba documental de algo más grave. Durante el gobierno anterior, denunciar el avance territorial de las disidencias, el Clan del Golfo o el ELN se convirtió, para no pocos oficiales, en una falta de facto. Se premiaba el silencio institucional y se castigaba a quien hablaba con las cifras y la inteligencia en la mano.
Un país no derrota al crimen organizado silenciando a quienes lo ven de cerca; lo derrota escuchándolos y respaldándolos. Que hoy ese mismo general esté al mando de las Fuerzas Militares no es un capricho presidencial: es, en principio, la restitución del mérito sobre la conveniencia política, un principio elemental del Estado de derecho que en Colombia se había vuelto excepción.
La semana de posesión de De la Espriella, el 7 de agosto, transcurrió entre alertas por explosivos y videos del ELN anunciando ataques con drones. Desde entonces, Catatumbo, Arauca, Cauca, Nariño y el sur del Tolima donde hace apenas dos semanas los pobladores de Rioblanco describieron combates “de montaña a montaña” han seguido enfrentando hechos de violencia.
El presidente ha sido explícito: dio un plazo de un mes a los cabecillas del ELN, las disidencias y el Clan del Golfo para entregarse a la justicia, advirtiendo que, de lo contrario, “los voy a cazar como alimañas”. Es un lenguaje que conecta con la indignación de un país cansado de la extorsión y el desplazamiento convertidos en rutina.
Pero la firmeza retórica solo vale si se traduce en operaciones sometidas al derecho internacional humanitario y a los controles institucionales que distinguen a un Estado de un simple aparato de fuerza. “Cazar alimañas” puede ser una metáfora poderosa para un discurso de posesión; comandar las Fuerzas Militares en democracia exige algo más: legalidad, proporcionalidad y rendición de cuentas ante la ley, no ante el instinto del momento.
Que salgan de golpe 25 generales y almirantes es una cifra que exige prudencia, no aplauso automático. La costumbre de que cada nuevo gobierno rehaga la cúpula militar a su imagen es vieja en Colombia y no nació con este presidente. Petro hizo exactamente lo mismo con oficiales que no lo satisfacían, y muchos de quienes hoy celebran la salida de estos generales guardaron entonces un silencio cómodo.
La coherencia importa: si el criterio para relevar a un oficial es la lealtad política y no el desempeño profesional acreditado, el problema que hoy se corrige simplemente se repite con otro color de bandera.
Pedro Sánchez, el último ministro de Defensa de Petro, lo dijo con una frase que merece quedar grabada en esta transición: “Las instituciones y la misión son permanentes; las personas somos temporales”.
Es un llamado sensato, y esta casa editorial lo suscribe sin reservas: la nueva cúpula debe obediencia a la Constitución y a la ley, no al presidente que la nombró. Esa distinción, mínima en cualquier democracia madura, es exactamente la que separa a unas Fuerzas Militares profesionales de una guardia pretoriana al servicio de un solo hombre.
Colombia necesita, con urgencia, unas Fuerzas Militares fuertes, motivadas y libres de la mordaza política que las asfixió en los últimos años. En eso, el gesto de reincorporar a Erick Rodríguez tiene un valor simbólico que trasciende el uniforme y las estrellas en el hombro: dice, con hechos, que la verdad puede volver a pronunciarse en un consejo de seguridad sin que le cueste la carrera a quien la dice.
Pero esa misma fortaleza institucional solo será legítima si se ejerce dentro de la ley, con mando civil claro y sin caer en la tentación de convertir la política de seguridad en un teatro de consignas para las cámaras.
El presidente prometió, desde el Batallón Paraíso, que no habrá un metro del territorio nacional sin patrullar. Que esa promesa se cumpla con las armas de la ley y no a pesar de ella será la verdadera medida de si esta cúpula está a la altura del momento que atraviesa el país.
Colombia ya sabe lo que cuesta castigar a un general por decir la verdad. Ahora tiene, por fin, la oportunidad de comprobar qué se gana cuando se gobierna con ella.
El empalme del sector Defensa de 2026 que reciben los nuevos comandantes registra un déficit presupuestal de $14 billones en el Ejército, con problemas identificados en inteligencia, movilidad aérea, mantenimiento y disponibilidad de equipos.
Guillermo León, presidente de Acore, asociación de exmilitares retirados, lo resume como una “disminución en las capacidades de inteligencia y de movilidad aérea”, agravada por la estrechez fiscal.
El diagnóstico apunta a una pérdida de capacidad de inteligencia durante el gobierno anterior. La apuesta de la nueva cúpula es reactivar canales internacionales de intercambio, inteligencia financiera, cooperación en investigación criminal y trabajo con Ameripol, Europol, además de Estados Unidos, Reino Unido e Israel.
El financiamiento vendría de tres fuentes: ajustes en el presupuesto nacional, cooperación con Estados Unidos y el fortalecimiento de esos canales internacionales.
También se menciona un mecanismo denominado Plan Patriota 2.0, pensado para recuperar capacidades helicoportadas y restablecer la cooperación en inteligencia e investigación criminal.
Este es quizás uno de los datos más críticos: de 386 aeronaves de la flota, 131 no están operacionales, es decir, solo el 52 % estaría disponible para volar.
Los helicópteros son la columna vertebral de la movilidad militar en zonas donde no hay carreteras, como Catatumbo, Arauca, el sur del Tolima y Cauca. Estas aeronaves permiten movilizar tropas, abastecer bases y evacuar heridos.
La Fuerza Aérea, nuevamente denominada FAC, arrastra el problema de los Kfir, con más de 30 años de servicio y un mantenimiento cada vez más complejo debido a la falta de repuestos.
Petro había optado por comprar 17 Gripen E/F a la empresa sueca Saab. De la Espriella, quien durante la campaña incluso le pidió a Donald Trump que Washington bloqueara ese contrato, ahora no lo cancela, sino que lo revisa.
El Gobierno busca renegociar las condiciones con Suecia y explora créditos internacionales más económicos que la financiación nacional. El Conpes que estructuraría el crédito registraba un avance del 70 % a mediados de año.
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz revela que, de los 19 cabecillas señalados como objetivos de alto valor en 2022, 15 continúan activos.
Entre ellos aparecen ‘Iván Mordisco’, ‘Calarcá’ y ‘Jhon Mechas’, por las disidencias; ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Pablito’, por el ELN; y ‘Chiquito Malo’, por el Clan del Golfo.
De la Espriella se propuso capturar o dar de baja a diez de ellos durante sus primeros 90 días. Ya se han registrado resultados, como la muerte de alias ‘El Ruso’ y las capturas de ‘Bonito’ y ‘Chuzo’.
Sin embargo, la FIP advierte que una estrategia centrada exclusivamente en “decapitar” las cúpulas tiene rendimientos decrecientes. Estos grupos ya no funcionan necesariamente bajo estructuras piramidales: sus capacidades están distribuidas y los relevos pueden producirse rápidamente.
Por eso, la recomendación es golpear también las rentas criminales y las estructuras financieras, no únicamente a los jefes visibles.
Este es uno de los frentes que más ha transformado el conflicto armado. Colombia registró 119 ataques con drones explosivos en 2024, 277 en 2025 y más de 170 durante 2026, según las cifras referenciadas en el diagnóstico.
El ataque más reciente, ocurrido el 16 de agosto en Ábrego, Norte de Santander, utilizó cerca de 43 artefactos lanzados desde drones contra el Ejército.
También existen reportes sobre instructores rusos que estarían operando desde Venezuela para entrenar a integrantes de disidencias y del ELN en la modificación de drones comerciales para utilizarlos con explosivos. En febrero, además, se registró en Arauca el primer ataque reconocido con tecnología FPV, visión en primera persona contra una base militar.
Del lado defensivo, el panorama también genera preocupación. 19 sistemas antidrones contratados por Codaltec para el Catatumbo fallaron las pruebas técnicas y no entraron en operación como estaba previsto.
El Gobierno anunció un plan superior a US$1.600 millones en equipos antidrones, calificado como la estrategia de defensa del espacio aéreo “más ambiciosa” de la historia reciente del país.
En síntesis, la nueva cúpula recibe un escenario complejo: un hueco fiscal de $14 billones, una flota de helicópteros parcialmente operativa, una decisión pendiente sobre los aviones de combate, capacidades de inteligencia que deben ser fortalecidas y un enemigo que ya no es únicamente una guerrilla armada con fusiles, sino una red criminal con capacidad de utilizar drones explosivos y otras tecnologías.
La verdadera prueba para Erick Rodríguez y los demás comandantes no estará solamente en recuperar territorio o aumentar las operaciones. Estará en demostrar que unas Fuerzas Militares fortalecidas pueden actuar con contundencia sin abandonar la legalidad, que el mérito profesional puede estar por encima de la política y que la seguridad nacional puede defenderse con autoridad sin sacrificar los principios que sostienen a una democracia.
