En las recientes mediciones, Colombia ha registrado el cuarto precio del diésel más bajo en la región, una situación sostenida únicamente por los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional. Estos subsidios han sido dirigidos principalmente al sector del transporte de carga, un gremio que, sin importar la ideología o color político del presidente en turno, ha amenazado a los gobiernos cuando se intentan tomar medidas necesarias, pero que no les convienen.
Esto ocurrió durante el gobierno de Juan Manuel Santos con la tabla de fletes y en los mandatos de Álvaro Uribe, donde las negociaciones con el sector transportador se han centrado en peajes, fletes, gasolina y soluciones férreas.
En cualquier contexto económico, es sumamente perjudicial que un gobierno intente mantener precios irreales. Las cosas deben pagarse por lo que realmente valen, y es aún peor cuando otros sectores verdaderamente necesitados se ven desatendidos por privilegiar a un solo gremio. En un país como Colombia, con un estancamiento económico evidente, el Estado debe repensar sus finanzas desde la raíz.
Actualmente, solo Bolivia, Ecuador y Venezuela tienen precios de diésel más bajos que Colombia, lo que nos coloca en la lista de países que han adoptado políticas populistas. Con un desempleo en aumento y la necesidad de reactivar sectores económicos como la construcción, estos subsidios podrían tener un impacto mucho más positivo en otras industrias, en lugar de seguir subsidiando el ACPM en Colombia.
El déficit causado por el ACPM en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles supera los 10 billones de pesos. Los camioneros pueden protestar y continuar amenazando a los gobiernos, pero deben entender que lo que están pidiendo es insostenible para la nación. Esta decisión debería ser la primera de muchas otras igualmente responsables, impopulares, pero necesarias, como el desmonte del fallido subsidio a los motociclistas, la ampliación de la base gravable en la próxima reforma tributaria, o incluso reducir el IVA mientras se grava a todos los bienes, productos y servicios.
Es esencial que el gobierno comience a reducir el despilfarro de recursos públicos en subsidios que hoy no generan ningún efecto positivo en la economía nacional.
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