El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con una promesa inédita en la historia reciente de Colombia. Millones de ciudadanos respaldaron un proyecto político que ofrecía transformar el Estado, reducir las desigualdades y cambiar la forma de gobernar. El contexto también ayudó a explicar ese resultado: el desgaste del gobierno anterior, el deseo de renovación y la expectativa de que la izquierda pudiera demostrar que era capaz de administrar el país desde la Presidencia.
Cuatro años después, el balance deja un contraste evidente entre algunas decisiones que pueden reconocerse y una larga lista de objetivos que quedaron inconclusos o que, según los indicadores, terminaron alejándose de las expectativas con las que inició el mandato.
Entre los aspectos positivos aparecen hechos concretos. Durante el cuatrienio se registró una reducción de la pobreza monetaria y del desempleo, el salario mínimo aumentó de manera consecutiva y el Gobierno logró sacar adelante la reforma laboral. También impulsó el debate sobre temas que durante años habían permanecido relegados de la discusión pública, como el modelo energético, la transición hacia energías limpias y el papel del sector minero-energético en la economía nacional. Paradójicamente, ese mismo debate terminó evidenciando la importancia estratégica de esa industria para las finanzas públicas.
Por otra parte, en los cuatro años de gobierno la independencia entre poderes y el control constitucional limitaron iniciativas que no lograron superar el trámite político o judicial. Esa dinámica terminó reafirmando el funcionamiento de los contrapesos institucionales previstos por la Constitución.
Sin embargo, el peso del balance termina inclinándose hacia los resultados que el propio Gobierno prometió y no consiguió materializar. La infraestructura fue uno de esos casos. Las grandes obras anunciadas durante la campaña y los primeros meses de administración no alcanzaron el desarrollo esperado, pese a que se trataba de proyectos considerados estratégicos para el crecimiento económico y la conectividad del país.
La seguridad constituye otro de los principales puntos de evaluación. La política de «Paz Total», concebida como una de las apuestas centrales del Gobierno, terminó siendo uno de los aspectos más cuestionados. Los medios documentaron el deterioro del orden público en distintas regiones, la persistencia de acciones armadas y las dificultades para consolidar los procesos de negociación con los grupos ilegales. La promesa de avanzar hacia una reducción sostenida de la violencia no logró consolidarse.
A ello se sumaron las dificultades en materia de gobernabilidad. El Gobierno perdió rápidamente sus mayorías en el Congreso, enfrentó bloqueos para sacar adelante varias reformas y terminó con una de las mayores rotaciones ministeriales de las últimas décadas. Más de sesenta cambios en el gabinete y más de ciento setenta viceministros reflejaron una administración con dificultades para mantener estabilidad en los equipos encargados de ejecutar las políticas públicas. La consecuencia fue una percepción de improvisación y una menor capacidad para convertir las propuestas en resultados.
El gobierno Petro también enfrentó cuestionamientos por el manejo de la función pública. Los frecuentes cambios de funcionarios, los nombramientos discutidos y la falta de continuidad administrativa fueron señalados por distintos sectores como factores que debilitaron la capacidad institucional para ejecutar programas y responder con eficacia a los desafíos del Gobierno.
Los escándalos de corrupción fueron el pan de cada día durante este gobierno. El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) terminó involucrando a altos funcionarios y dirigentes políticos cercanos al Gobierno. Más allá de que la corrupción ha afectado a distintas administraciones, este episodio tuvo un impacto particular porque Gustavo Petro había construido buena parte de su discurso político alrededor de la lucha contra esas prácticas y de la promesa de ejercer el poder con estándares diferentes a los de la política tradicional.
También quedaron pendientes varias de las reformas estructurales anunciadas desde el inicio del mandato. La reforma a la salud no logró consolidarse, la reforma agraria avanzó por debajo de las metas inicialmente planteadas y la ejecución de varios programas sociales enfrentó dificultades presupuestales y operativas.
Quizás uno de los mayores cuestionamientos al presidente Petro fue la distancia entre el discurso y la ejecución. Durante buena parte de su mandato insistió en que los obstáculos provenían de factores externos, de sectores políticos, de las instituciones o incluso de integrantes de su propio equipo. Esa narrativa terminó dejando la impresión de un Gobierno que, incluso en sus últimos meses, seguía actuando como si apenas estuviera comenzando, sin asumir plenamente la responsabilidad sobre la ejecución de las decisiones que dependían directamente del Ejecutivo.
El gobierno de Gustavo Petro deja, en definitiva, un legado complejo. Será recordado por haber abierto discusiones que modificaron la agenda política nacional, por algunos avances en indicadores sociales y por impulsar reformas que marcaron el debate público. Pero también quedará asociado a una ejecución insuficiente frente a varias de sus principales promesas, a problemas de gobernabilidad, a una alta inestabilidad administrativa y a escándalos que afectaron la credibilidad de su proyecto político.
Al final, el juicio definitivo corresponderá a la historia. Los datos, los resultados y las decisiones institucionales permitirán valorar con mayor perspectiva un gobierno que llegó con la bandera del cambio, pero que cerró su mandato con un balance que, para muchos analistas, estuvo lejos de cumplir las expectativas que despertó en 2022.
