El mandato político contra la corrupción

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EDITORIAL

Colombia da unos pasos importantes que no se pueden desconocer hacia el debate público y ante la acción entre Gobierno y personas, pero este debe tener presente y todos lo que de una u otra manera están en ese escenario, que la gente no sale a votar si no cree en las instituciones.


Más allá del resultado de la consulta realizada este domingo 27 de de agosto, se debe mirar la realidad de una manifestación de 11’672.000 personas, las cuales asistieron a las urnas.

También, es menester entender cómo Colombia sistemáticamente ha ido rechazando de una u otra manera a través de cada oportunidad de elección democrática que ha tenido, cómo ha venido rechazando y haciendo una mediana limpieza en el escenario público  nacional.

El acceso a las redes sociales, a las redes de información pública, a conocer procesos de contratación y a asistir a hechos de corrupción tan repugnables como es el caso de Odebrecht, Reficar, el desfalco a la salud, a la alimentación escolar en el país, entre otros, ha permitido que nuevas fuerzas políticas surjan en el escenario y lleguen al Congreso de la República, alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas.

El discurso anticorrupción fue incorporado por obligación en todos los pronunciamientos de los candidatos de los últimos ocho año. Es un clamor nacional el que se luche contra este flagelo, pues en palabras del mismo contralor saliente Edgardo Maya, a Colombia se la han robado y cerca de 50 billones de pesos se pierden en corrupción.

También, es válido mirar cómo cada persona se comporta en el día a día en su lugar de vivienda y en la sociedad, enfocándose en si todos estamos trabajando para acabar la ilegalidad a su mínima expresión y fomentar una vida publica decente con coherencia y responsabilidad. Cada persona debe tener en cuenta que puede ser cómplice de la corrupción.

Las preguntas que incorporaba la consulta anticorrupción para algunos juristas no tenían mayor trascendencia, unas ya están incorporadas en el ordenamiento jurídico colombiano, otras así fuesen aprobadas solamente se podían hacer a través de unas reformas constitucionales, otras podrían ser tumbadas por la Corte Constitucional, y en general, aunque mandaba un gran mensaje esperanzador, la consulta no podía generar mayores cambios en poco tiempo; servía como espada de lucha y una especie de presión para todos los congresistas de no ir en contravía de esa intención del constituyente primario, que es el pueblo.

Proyectos para congelar el salario se han radicado desde hace años, pero siempre son archivados para reducirlo. También, se ha propuesto reducir el número de congresistas, tema que faltó en las preguntas de la consulta anticorrupción; además, proyectos como la reforma política que se quedaron en el pasado eran necesarios; cerrar las listas; en volver a la circunscripción departamental y no nacional; el limitar esa presencia en corporaciones como Senado, Cámara, Asamblea y Concejo a dos periodos, no a tres; analizar seriamente el aumentar la edad mínima en Colombia; revisar los gastos en campaña en cuanto a las regulaciones existentes, y otras medidas que son necesarias.

Hacer pública la declaración de renta ya estaba hecha, es una realidad en nuestro país. Sobre la pregunta donde se mencionaba que se obligaba a congresistas y demás corporados a rendir cuentas sobre la asistencia, votaciones, intereses particulares está prácticamente aprobado.

Aprobar la obligación de realizar audiencias públicas para aprobar presupuestos, una voluntad política del presidente Duque, quien ha dicho que lo hará; usar pliegos tipo, que era la pregunta tres por parte de entidades públicas y territoriales, también se ha venido trabajando en eso y va a ser una realidad.

Quizá las personas condenadas por corrupción vayan a una cárcel y no a prisión domiciliaria es una de las preguntas más problemáticas en nuestro país, y es que en general el sistema carcelario está colapsado y la justicia no funciona, hay una cadena de negativos continua y se necesita una profunda reforma a la justicia junto con una masiva construcción de cárceles para poder garantizar que quien la hace la paga, que las personas vayan a la cárcel y no que sigan robando por más que tengan un brazalete, y desde luego que quien delinque tenga un castigo ejemplar.

En tal virtud, las conclusiones a grandes rasgos tienen que ver con que ya estaba diagnosticado un cansancio con la corrupción que se vive en el país. El presidente Duque y el Congreso lo tienen claro, tienen que actuar en pro de eso para hacer unos cambios realmente esenciales en la vida pública colombiana. Los ciudadanos tienen que fomentar todos los días la cultura de la legalidad desde su núcleo familiar, como no comprar cosas de contrabando hasta pagar los impuestos y no evadirlos. Y por último, Colombia da unos pasos importantes que no se pueden desconocer hacia el debate público y ante la acción entre Gobierno y personas, pero este debe tener presente y todos lo que de una u otra manera están en ese escenario, que la gente no sale a votar si no cree en las instituciones, y ese es el gran reto actual del Gobierno.