El hecho: La Fundación Ideas para la Paz analizó las propuestas de seguridad de los principales candidatos presidenciales y encontró vacíos sobre su viabilidad y efectividad.
¿Por qué es importante? El próximo presidente enfrentará un país con miles de integrantes de grupos armados y múltiples regiones bajo disputa criminal.
¿Cuál es el contexto? Colombia atraviesa un escenario de expansión de economías ilícitas, disputas territoriales y limitaciones fiscales que condicionarán las políticas de seguridad del próximo gobierno.
¿A quiénes afecta y cómo? Las decisiones impactarán a comunidades en zonas de conflicto, a la Fuerza Pública, a las instituciones del Estado y a sectores económicos afectados por la violencia.
¿Qué intereses hay en juego? Están en juego el control territorial, la estabilidad institucional, la lucha contra las economías ilegales y la sostenibilidad fiscal del país.
La seguridad volvió a convertirse en uno de los temas centrales de la campaña presidencial en Colombia. Sin embargo, para la Fundación Ideas para la Paz (FIP), buena parte de las propuestas presentadas por los candidatos siguen dejando dudas sobre su viabilidad real frente al complejo escenario que heredará el próximo gobierno.
El panorama no es menor. Según el análisis de la Fundación, el país llega a la transición presidencial con más de 27.000 hombres armados pertenecientes a diferentes estructuras ilegales y al menos 16 zonas del territorio nacional marcadas por disputas violentas entre grupos criminales.
Fundación Ideas para la Paz advierte vacíos en propuestas de seguridad de los candidatos presidenciales
En ese contexto, la organización advirtió que muchos de los discursos de campaña han privilegiado mensajes simples y fórmulas tradicionales de seguridad, enfocadas más en el impacto político y electoral que en responder a las dinámicas actuales del conflicto y del crimen organizado.
Además, la FIP considera que varias propuestas no tienen en cuenta las limitaciones fiscales que enfrentará el próximo presidente, especialmente en un momento donde el Estado deberá equilibrar gasto social, seguridad y sostenibilidad económica.
Uno de los programas evaluados fue el de Iván Cepeda, cuya propuesta se centra en profundizar el modelo de seguridad humana impulsado durante el actual gobierno. Su apuesta prioriza la implementación del Acuerdo de Paz, el fortalecimiento institucional en las regiones y la protección de las comunidades más afectadas por la violencia.
La Fundación destaca que el enfoque reconoce factores estructurales como la exclusión, la falta de oportunidades y la captura institucional por parte de economías ilegales. También resalta el interés por fortalecer mecanismos de investigación financiera y lucha contra el lavado de activos.
Sin embargo, el análisis advierte que el programa deja interrogantes sobre el futuro de la política de paz total y sobre cómo combinar eventuales procesos de negociación con acciones concretas de presión contra las economías ilícitas y los grupos armados.
En contraste, la candidata Paloma Valencia plantea una estrategia enfocada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, el endurecimiento penal y el aumento de capacidades de inteligencia y judicialización. Su propuesta parte de la idea de que el Estado perdió control territorial y redujo la presión sobre las estructuras criminales.
Entre sus planteamientos aparecen el aumento del pie de fuerza, la incorporación de 60.000 nuevos uniformados y un incremento del gasto en defensa hasta niveles cercanos al 4 % del Producto Interno Bruto.
Aunque la FIP reconoce fortalezas en temas de judicialización y lucha contra la extorsión, también advierte dudas sobre la sostenibilidad fiscal de una expansión militar de esa magnitud. Además, cuestiona propuestas como la sustitución forzosa de cultivos ilícitos y la posibilidad de retomar esquemas similares al Plan Colombia en un contexto internacional distinto al de hace dos décadas.
Por su parte, Abelardo de la Espriella propone una política de “cero negociación” con grupos armados, acompañada de fumigación de cultivos ilícitos, endurecimiento penal, extinción de dominio exprés y construcción de mega cárceles.
La principal preocupación de la Fundación radica en que varias de sus propuestas plantean acciones de choque sin suficientes mecanismos de control institucional o salvaguardas democráticas. También alerta sobre la dificultad de ejecutar transformaciones profundas en plazos reducidos y bajo restricciones presupuestales.
El informe advierte además que el crimen organizado en Colombia ya no funciona únicamente mediante estructuras jerárquicas tradicionales, sino a través de redes flexibles que se adaptan rápidamente a la presión estatal.
Por eso, la FIP considera que las estrategias basadas exclusivamente en ofensivas militares podrían terminar generando fragmentación criminal y desplazamiento territorial de las economías ilícitas si no van acompañadas de presencia estatal sostenida y transformación institucional.
